Las empresas mineras Adventus Mining Corporation y Salazar Resources Limited tenían previsto empezar este julio de 2024 la construcción de la mina del proyecto El Domo-Curipamba. Sin embargo, se paralizó.
Esta mina se encuentra en el cantón Las Naves, en la provincia de Bolívar. La obra está detenida, porque hace 15 días se presentó una medida cautelar ante la Corte Constitucional en contra de esa construcción.
Los proyectos mineros La Plata- El Domo-Curipamba y Loma Larga están paralizados, por las acciones de protección ante la justicia, como los juzgados y la Corte Constitucional.
Estas acciones de inconstitucionalidad ante la justicia tienen paralizados tres importantes proyectos de minería de Ecuador. Además de Curipamba, están La Plata y Loma Larga.
Curipamba cuenta con la licencia ambiental para la construcción desde enero de 2024, mientras que La Plata estaba en el proceso de consulta ambiental. Loma Larga tiene el proceso adelantado para la construcción de la mina, pero en 2018 el proyecto de minería tuvo una demanda de inconstitucionalidad ante la justicia de Ecuador.
Esta herramienta jurídica y otras se han convertido en la estrategia de los grupos opositores, para detener la explotación de los minerales.
Estos mecanismos difieren mucho de los que se utilizan contra la extracción ilegal, donde reina el silencio o la violencia extrema, para acallar a quienes denuncian estas prácticas.
Las comunidades tienen todo el derecho de defender sus territorios de los efectos de la minería, pero, igualmente, es indispensable que haya diálogo y salidas razonables para el bien de todos.
Para citar un ejemplo está el proyecto Río Blanco, en Azuay. Desde 2018 se extrae ilegalmente el oro y plata, luego de que se opusieron y cerraron las actividades de la empresa concesionaria.
En ese caso, parece que está bien que se practique la extracción ilegal a que se haga una minería, que use maquinaria y tecnología apropiadas, para evitar un desastre ambiental, como ocurre ahora en la parroquia Molleturo.
Si se analizan los tres proyectos detenidos, los opositores crean incidentes en las áreas donde están los proyectos. En primera línea van las mujeres y niños. Al no conseguir los resultados acuden a los juzgados o la Corte Constitucional, para pelear por la vía legal.
En esta etapa, los tiempos de la justicia son largos, debido a los diferentes procedimientos, como los amicus curiae, que presentan cientos de ‘interesados’. El ejemplo emblemático es el de La Plata.
La consulta ambiental se detuvo en marzo, por las medidas cautelares en un juzgado de Sigchos (Cotopaxi). Desde entonces, la audiencia para conocer las pruebas y testimonios de los presuntos afectados por La Plata continúan. Se presume que el fallo judicial saldrá en dos meses y luego vendrán las apelaciones hasta llegar a la Corte Constitucionales. Es decir, es un cuento de nunca acabar.
Pero, eso no es suficiente, ya que se recurre a los relatores de derechos humanos de la ONU, como sucede con La Plata.
Es necesario que los juzgados y la Corte Constitucional fallen a favor de los derechos de la naturaleza y de quienes se sientan afectados. Pero, también es importante que se tomen en cuenta los beneficios que trae la producción minera.
La previsión de las exportaciones mineras para este 2024 asciende a más de 3 200 millones de dólares. Eso, adicional al empleo, generan las dos grandes minas del país: Mirador y Fruta del Norte en Zamora Chinchipe.