El Gobierno hace legal lo que practica aunque fuere inadmisible, lo repite con el reglamento para las organizaciones sociales y ONG.
Correa al inicio se definió contra estas entidades parte de la sociedad civil, pretextando que eran “coorporatistas” o iguales a las falsas ONG del Municipio guayaquileño. Inició así su construcción de un orden social disciplinario que le libra de entes cuestionadores. Es la “pacificación” social para lograr más relaciones de fuerza a su favor y decidir sin real oposición. En cambio, la sociedad pierde, pues se reduce, predomina el aparato del Estado, de cuya cabeza (líder, caudillo) entonces todos dependen. Se empobrecen las decisiones, ya que nadie es capaz de tener el buen camino por sí solo, se requiere del aporte de la sociedad civil y de la oposición que enriquecen al gobernante con la expresión de problemas, acciones y propuestas de la sociedad.
Que las asociaciones actúen en pluralismo posiblemente atenúa conflictos y descontentos sociales. Que expresen conflictos es indispensable, hace parte de la dinámica colectiva, hacerlos invisibles es preparar un Gobierno siguiente ingobernable.
Así, una meta social debe ser consolidar asociaciones, no frenarlas. El reglamento para las organizaciones sociales, en cambio, incrementa las exigencias para su constitución y accionar. Si bien puede ser necesario precisar su sentido y algo de su funcionamiento, la intención fehaciente del Gobierno va más allá, ya indicamos, quiso limitarlas. Ahora lo logra reglamentariamente. Vuelve fácil desaparecerlas por cuestiones administrativas, al multiplicar las exigencias para funcionar, cualquier pretexto puede servir para ello. A un sector que es formalizado, se refuerza la lógica de control. Las asociaciones se vuelven frágiles ante el subjetivismo con que se podrá decidir sobre la acción de una ONG. Las que no sigan lo establecido, pueden ser condenadas por “políticas”. El Gobierno, en diferencia con las organizaciones que le formaron, quiere un orden, conservador, que excluye de la vida pública a quienes a su parecer no deben opinar de política (prensa, sindicatos, Conaie, cámaras, etc.) Se vuelve excluyente. Para Correa si la prensa o una asociación opina sobre el Gobierno debe ser un partido. Así, la política sería para políticos oficiales. Apoyar a la Conaie podría implicar pérdida de reconocimiento legal; muchos optarán por el silencio.
La izquierda en el mundo busca que la política no sea la acción de pocos y de los partidos sino que haya una sociedad civil activa y participativa, Correa se esmera en aminorarla, en ordenarla para que le siga. Es un orden de convento, bueno para el Vaticano, no para la sociedad que es pluralista y exige flexibilidad para que todos los pareceres se expresen y hagan suya la política y la sociedad. Es un regreso al siglo XVIII.