Dilemas de la Corte
La Corte Constitucional está en el ojo del huracán. La presión sobre los nueve jueces es alta no solo por la decisión que deberán tomar en torno a la consulta popular sino también por las delicadas denuncias de corrupción que han comenzado a salir a propósito del caso de la Cervecería Nacional.
En efecto, el actual régimen no deja amenazar. Sin importarles en lo más mínimo la independencia que debe existir entre los distintos poderes del Estado, funcionarios del ejecutivo han arremetido contra la Corte usando todo tipo de calificativos y de epítetos. El Secretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, ha dicho que el informe emitido por la jueza Nina Pacari responde a los intereses de la “partidocracia corrupta”.
En un hecho insólito, el gobierno de Correa ha emprendido una campaña publicitaria para promover la consulta popular sin antes existir un pronunciamiento de la Corte Constitucional, ni haber de por medio una convocatoria oficial de parte Consejo Nacional Electoral. El ámbito del influencia de Correa pareciera no tener límites. Las campañas electorales tienen lugar una vez que se han convocado a elecciones y se ha fijado fechas para ello. Llama la atención el irrespeto y el abuso gubernamental en este tema, así como el silencio y el consentimiento del Consejo Nacional Electoral.
Como si fuera poco, los pedidos de renuncia para los miembros de la Corte han llegado a la Asamblea Nacional. Pese a que una moción de censura no tiene el carácter vinculante, el hecho de haber sido incluido en el Orden del Día del legislativo tiene una clara intencionalidad de influir y presionar sobre los miembros de la Corte.
Además, si se llegase a comprobar las denuncias que se han hecho en torno al caso de la Cervecería Nacional -en el cual no solo estarían comprometidos el secretario del Corte y su hermano sino incluso ciertos jueces- su situación sería realmente complicada.
Esto no queda allí. Lo más delicado tiene que ver con el pronunciamiento de la Corte sobre la consulta popular. No tomar en cuenta el informe de la jueza Nina Pacari sería grave. Se estaría repitiendo algo parecido a lo ocurrido en el 2004 con la Pichicorte, cuando de manera ilegal Lucio Gutiérrez “metió mano en la justicia”. La diferencia reside en que ahora, pese a existir un acuerdo generalizado de que cuatro de las diez las preguntas plateadas por el presidente son inconstitucionales, el voto del pueblo no puede ser cómplice de la ilegalidad.
Pase lo que pase, pienso que la salida de los jueces es algo inminente. El gran dilema reside en salir con frente en alto o no. Su honorabilidad esta en juego, así como el futuro político e institucional del país.
