Es paradójico que el movimiento político que más ha reivindicando la necesidad de tener un Estado fuerte que intervenga en todos los ámbitos de la sociedad sea el responsable de su destrucción. Me refiero -como no podía ser de otra manera- a País, el brazo político del presidente Correa y el autor de todo este desastre institucional al que se le ha bautizado pomposamente como ‘revolución ciudadana’.
Para que sea fuerte, un Estado debe tener instituciones sólidas. ¿Y qué son esas? Ciertamente no unos enormes edificios públicos repletos de burócratas ganando salarios artificialmente altos. En esencia, una institución es un debido proceso. Y una institución sólida es aquel debido proceso que se observa siempre, sin excepciones. Por eso es que las instituciones sólidas generan confianza, transparencia y eficiencia en las sociedades.
Sin ningún conocimiento de la temática constitucional, los promotores del socialismo del siglo XXI se impusieron la tarea de inventar una sociedad que nos haría buenos y felices, creyendo que para ello solo haría falta fe ciega en ‘el proyecto’. Aquel voluntarismo mostrenco les llevó a inventar conceptos como el de la ‘ciudadanía universal’, el de los ‘derechos de la naturaleza’ y el del ‘quinto poder’, entre otros. (Hay otro, absolutamente espectacular, inventado por Senplades: el ‘biosocialismo republicano’. Para descifrarlo se necesita el concurso de un nigromante).
Los revolucionarios del siglo XXI no se dieron cuenta -algunos tal vez sí- que estaban arrasando con las instituciones republicanas -basadas en la división del poder- para crear un régimen que concentra todas las atribuciones en una sola persona, el Presidente, y cuyo nombre es un alarde de cinismo: ‘Estado de derechos’.
Ese Frankenstein constitucional se pasea ahora por todo el país, dejando tras de sí una estela de desorden, incertidumbre e inestabilidad: hay una ola de pedidos de revocatoria de mandatos; el tráfico de tierras es moneda corriente; y los niveles de delincuencia e ilegalidad son intolerables, para mencionar unos pocos problemas.
Quienes fueron entusiastas colaboradores y simpatizantes de la nueva Constitución ahora se desgarran las vestiduras porque su líder quiere una consulta popular para tomarse las cortes y callar a la prensa. ¿Acaso esperaban otra cosa? Del mamotreto que salió de Montecristi se puede esperar lo que sea. Su redacción es tan oscura y sus conceptos son tan vagos que el documento se presta a cualquier interpretación.
Lo único sensato en medio de tanto problema sería que el Mandatario abandone su proyecto de consulta y trate de consensuar una salida apegada al derecho -si es que tal cosa todavía existe en Ecuador- con los miembros de la Asamblea.