Es muy conocido que cuando el ex presidente Correa se hallaba en funciones solía insultar y descalificar a sus opositores, especialmente en sus “sabatinas”, en las que, además, rompía periódicos, hacía alarde de sus obras faraónicas, etc. y en sus recorridos dentro y fuera de la capital lo acompañaba y protegía un séquito de sus colaboradores y guardaespaldas y si, a su paso, alguien se permitía hacerle una consabida seña con el dedo medio en alto, perdía la cabeza y ordenaba que se detenga la caravana y descendía del vehículo para reclamarle a su manera y hacerlo apresar.
Pero, como dice un acertado aforismo: “Una cosa es con guitarra y otra con violín” y las cosas han dado un giro de 180 grados a raíz del cambio de Gobierno.
Así, pese a la protección policial en su periplo proselitista por el país, con motivo de la Consulta popular, ha tenido que soportar agresiones de palabra y obra, en especial copiosas “lluvias de huevos” en varias localidades; ataque con basura al vehículo oficial a su servicio; amenazas cuando se encontraba en una radiodifusora, a tal punto que, según las informaciones de prensa, ha tenido que esperar varias horas para ponerse a salvo, todo lo cual es reprochable y merece sanción, con mayor razón porque se trata de un ex presidente de la República, a quien se debe respeto y no se justifica el argumento de que eran represalias por sus consabidos excesos y bravatas.
Es indudable que el ex Mandatario debe sentir profundo pesar por la categórica derrota sufrida en la consulta de este 4 de febrero, en contraste con la serie de triunfos de los que presumía a lo largo de la polémica década y, más que nada, por la prohibición para candidatizarse para la reelección presidencial desde el próximo período.
Sin duda, algunos prefectos provinciales, alcaldes y ediles también votaron por el “no”, porque, así mismo, ya no podrán perpetuarse en el cargo.
Los integrantes de los organismos en los que, según propia confesión, metía sus manos el entonces todopoderoso gobernante, experimentaron una metamorfosis tenaz en esta nueva etapa y reconocieron como legítima la directiva de Alianza País (AP) correspondiente a la fracción morenista y su derecho sobre las diferentes sedes en disputa.
Otro de los tantos cambios es el del inefable Superintendente de Comunicación, contra quien determinó la Contraloría responsabilidades civiles y administrativas en el desempeño de otro cargo en el Gobierno anterior y lo condenó a la separación del puesto y al pago de una multa equivalente a veinte salarios básicos y, al mismo tiempo, se tramita en la Asamblea Nacional un juicio político en su contra. Por tanto, parece que están contados sus días como “Super”.
Es larga la lista de funcionarios del Gobierno anterior que ahora tienen problemas con la justicia y ya no tienen poderosos padrinos que antaño mandaban y desmandaban en las diversas Funciones del Estado.
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