Sebastián Hurtado

‘Control’ de mercado

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Martes 30 de agosto 2011
30 de August de 2011 00:02

El Presidente remitió a la Asamblea Nacional una “Ley Orgánica de Control del Poder de Mercado”, haciendo finalmente público el texto de una ley necesaria y largamente postergada en la que las autoridades han venido trabajando durante varios meses. Sin embargo, debido a que seguirá un trámite legislativo urgente, difícilmente permitirá un debate amplio sobre algunas disposiciones que son de preocupación para los sectores empresariales.

El nombre luce acertado en la medida en que parecería busca “controlar” el mercado, antes que promover la competencia y la competitividad empresarial, cosa que tanta falta hace.

Al igual que otras piezas de legislación promovidas por la actual administración, otorga a entes administrativos una serie de facultades coercitivas y sancionatorias que en otros países están reservadas a instancias independientes del poder político. En este caso se crea una Superintendencia de Control del Poder de Mercado, altamente dependiente del Poder Ejecutivo y con amplias atribuciones para perseguir, modificar y sancionar prácticas empresariales “anticompetitivas”, que se encuentran muy vagamente definidas en el texto de la Ley.

La influencia del Ejecutivo en el “control” del mercado y la aplicación de la nueva legislación se consolida, con la creación de una Junta de Regulación con amplias potestades normativas, cuya integración y atribuciones serán determinadas mediante decreto presidencial.

También le otorga al Poder Ejecutivo la potestad de determinar en quéámbitos la “competencia” es o no necesaria, atribución que podría ser utilizada por los gobiernos para proteger de la competencia a los monopolios públicos actuales o futuros y a industrias y empresas privadas específicas, lo que agravaría el masivo problema de “rentismo” que la economía ecuatoriana ha acarreado durante décadas. Una Ley de este tipo debería buscar exactamente lo contrario y limitar la posibilidad de que actores económicos mediocres -públicos o privados- sobrevivan mediante la obtención de privilegios regulatorios por parte de las autoridades.

Por otro lado, asigna a las autoridades facultades muy discrecionales para determinar precios, lo cual difícilmente promoverá la competencia y, más bien, puede exacerbar las distorsiones en los mercados nacionales que actualmente operan con precios regulados políticamente.

Por último, a pesar de que la Ley considera como uno de sus lineamientos “la libertad de empresa y la libre concurrencia de los operadores económicos al mercado”, en sus transitorias excluyen a banqueros y propietarios de medios de comunicación de la posibilidad de poseer negocios en empresas supuestamente “ajenas” a las actividades financieras y de comunicación, contradiciendo los propios lineamientos de la ley y, en la práctica, limitando la libre competencia en esas industrias.