Contrastes de la justicia
Resultan positivas las acciones, obras, avances de infraestructura, tecnología en la administración de justicia, los reglamentos para mejorar el rendimiento judicial y la evaluación de sus operadores, pero más importante es la capacidad, el conocimiento e independencia del recurso humano. No dejan de preocupar los contrastes que subsisten entre estas políticas y lo que sucede en la práctica con dictámenes judiciales. En unos casos han sido diligentes para juzgar a estudiantes, grupos sociales, comunicadores e incluso opositores y, en otros, en el combate a la corrupción, especialmente de la actual administración, muy lentos y con lenidad. La casuística demuestra, no los discursos que sesgan los hechos y se refuerzan con propaganda oficial.
En unos casos, de corrupción, 14 años del hecho y recién se sentencia contra un ex-Presidente. Casi 7 años de los contratos hasta llegar a una sentencia de 3 meses por “buena conducta” contra ex altos funcionarios, cuando hubo informes de Contraloría y 14 cargos de la Fiscalía, entre ellos de peculado, por contratos y el uso indebido de recursos públicos. ¿Ha sido “buena conducta” cometer peculado y actuar como comecheques, mientras se sentencia con agilidad y se persigue a los que cuestionan acciones del poder? A jóvenes estudiantes les sentenciaron por rebelión en menor tiempo. Basta comparar la duración de los procesos. ¿Y el caso Duzac y otros?
Lo grave es que aquellos jueces, que tienen que responder a su conciencia por lo que hacen o dejan de hacer, si actúan de acuerdo con las acusaciones oficiales están tranquilos en sus puestos, pero si lo hacen en contra se les abre expedientes o indagaciones para “investigar su conducta”. ¿Más aún si se atreven a revisar dictámenes contra opositores o críticos del régimen y si señalan que hubo contravenciones a las normas penales y que se atenta contra el principio de la legalidad? Está bien que se aclare que hay indagaciones por otros hechos anteriores, pero resulta una rara coincidencia la notificación con ocasión de un dictamen que no favorece al poder. ¿Cuándo responden a los familiares desesperados que claman justicia frente a sus seres queridos desaparecidos y sancionan las negligencias? Es el caso del joven estudiante David Romo. Sus padres esperan impacientes –más de un año- respuestas de las investigaciones, en medio de sus señalamientos de engaño e incluso de compromisos al más alto nivel para resolver el caso. ¿Allí habrá indagación de la actuación fiscal y judicial en defensa de ciudadanos que viven un drama familiar?
Están bien los procesos de evaluación del rendimiento de juezas y jueces a escala nacional que permitan medir su actuación, pero ¿cuándo se aplica la igualdad de todos ante la ley en el tratamiento de los procesos y se observa la independencia judicial interna y externa, que establece la Constitución, artículo 168?
