Una consulta inoportuna

En una decisión equivocada, las elecciones presidenciales y la consulta popular -aprobada por la Corte Constitucional- irán juntas. Unieron el agua con el aceite.

La importancia de la biodiversidad es indiscutible. Todos los ecuatorianos, sin excepción, defendemos el ambiente; pero de ahí a dejar el petróleo bajo tierra, mientras el Estado ecuatoriano ha presupuestado ingresos que superan los USD 1200 millones de dólares, hay una gran distancia.

La pregunta es inofensiva, en apariencia: se protege a la naturaleza -que tiene sus derechos, según la Constitución-; sin embargo, de ganar el sí irrogará incalculables perjuicios al Estado que tiene contratos suscritos, y a la sociedad porque no habría recursos para financiar la educación pública, la salud y la seguridad. La CC tiene también responsabilidades, pues estaría en juego la seguridad jurídica, en lo que a la política petrolera se refiere.

Si bien la pregunta responde a un propósito altruista, no otorga ningún argumento a las compensaciones, para cubrir el enorme “hueco” fiscal que provocaría. La no explotación de los yacimientos del crudo Yasuní ITT, implicaría el desmantelamiento de las instalaciones actuales, que superarían los USD 14 mil millones de dólares, en 15 años, según datos oficiales.

Los jóvenes presentan alternativas para compensar ese gigantesco déficit. Sugieren suprimir los subsidios a los ricos y mecanismos para equilibrar el presupuesto: más impuestos y endeudamiento interno y externo. ¿Está el país en condiciones de asumir estos riesgos?

Este tema no debería ser materia de consulta porque la economía del Estado debe ser manejada con criterios técnicos y no ideológicos. Y el pueblo no está debidamente informado. Recuérdese que el Ecuador, desde principios del siglo XXI, está dolarizado, y si no exporta no habrá divisas para sostener ese modelo.

De ganar el sí, ¿debemos prepararnos para otra consulta y así dejar de exportar banano, flores, camarones y atún, porque estos productos afectan a los ecosistemas?