Jeremy J. fue sentenciado por la tentativa de asesinato de una bebé de tres meses, en Azuay. El acusado deberá cumplir una pena agravada de 23 años de privación de libertad por su participación en calidad de coautor.
Los jueces del Tribunal Penal dispusieron además cancelar 15 000 dólares como reparación integral a la víctima. Además, que se active la red de salud pública para que la niña reciba atención médica.
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Los hechos registrados en 2023
La Fiscalía de Personas y Garantías 1 de Cuenca demostró que la mañana del 21 de julio de 2023, el papá de la bebé (O. L.), Jeremy Josué J. y otras dos personas llegaron hasta el domicilio donde residía la víctima. La vivienda está ubicada en la parroquia cuencana de Sinincay.
Sus rostros estaban cubiertos con pasamontañas. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, ellos tocaron la puerta y cuando la abuela de la bebé salió, “los implicados forcejearon las seguridades e ingresaron al inmueble”.
“El ahora sentenciado le colocó un cuchillo en el cuello a la abuela, mientras otro de los implicados retuvo y le tapó la boca a la tía de la víctima (nueve años)”, informó la Fiscalía de Azuay.
O. L. subió al segundo piso e ingresó a una habitación, donde se encontraba la bebé con su mamá de 15 años. “Él le asestó tres puñaladas a su hija y una puñalada en la pierna a la progenitora”.
Otros detalles de la investigación
La bebé fue intervenida quirúrgicamente por la gravedad de las heridas, las cuales pusieron en riesgo su vida, según el informe de la Fiscalía.
Durante su huida, O. L. lanzó el cuchillo a un terreno baldío ubicado en los alrededores de su domicilio, en la parroquia Sinincay. Horas más tarde, él y Jeremy J. fueron aprendidos en delito flagrante.
El primer sentenciado por el caso
El acusado O. L. fue el primer sentenciado en este caso. Recibió una pena de cincos años y cinco meses de internamiento institucional, en calidad de autor.
La Fiscalía procesó a Jeremy J. en función del artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). En el artículo 39 se establece una sanción de privación de libertad de 22 a 26 años. La pena se incrementó porque se consideraron circunstancias agravantes de la infracción.