Debe analizarse el contenido de las preguntas de la consulta popular para poder pronunciarse. Pero por desgracia, al parecer, la consulta ha terminado condenada a ser un plebiscito sobre la gestión del gobierno. El “sí” o el “no”, para muchos votantes será de respaldo u oposición el presidente de la República.
Es fundamental analizar las preguntas, especialmente las que tienen que ver con la estructura del Estado ecuatoriano. ¿Quién no va a estar de acuerdo con la reducción del número de asambleístas? Pero el gobierno pretende hacerlo aumentando los asambleístas nacionales y bajando a la mitad los de la mayoría de las provincias. Por ejemplo, Pastaza y Zamora bajarían de 2 a 1. Cotopaxi e Imbabura de 4 a 2. Pero Guayas baja de 20 a 18 y Pichincha también solo 2. De este modo, se profundiza el bicentralismo y el abandono de las provincias pequeñas. Esto es repudiable.
También todo el mundo respalda que se evite la multiplicación de organizaciones políticas y se impida que hagan trampa con sus afiliaciones. Pero el gobierno no propone mejorar la calidad de los partidos y su militancia, sino entregar su absoluto control al Consejo Electoral y su incensurable burocracia. Con el requisito del 1.5 % del censo electoral para la militancia activa de cada partido, controlada por el Estado, se atropellan derechos fundamentales. Si la norma propuesta por el gobierno se aplicaría en Estados Unidos o Europa desaparecerían todos los partidos políticos en todos los países. En realidad, solo subsistiría el Partido del Trabajo (comunista) de Corea del Norte. ¿Es esto democracia?
En un punto en que deberíamos decir sí, en cambio, es en la pregunta que pasa las atribuciones del mal llamado “Consejo de Participación Ciudadana y Control Social”, a la Asamblea Nacional, con garantías para sus designaciones de altos funcionarios. Ese Consejo, es un monumento a la manipulación y corrupción correísta que no sirve para nada. Esa es una necesidad nacional para superar los mecanismos constitucionales puestos el robo y el autoritarismo.