Aprobada la nueva legislación sobre impuestos, la pusieron en vigencia por el ministerio de la ley.
La pérdida del tiempo en discursos, apelaciones y mayorías, terminará en conocimiento de la Corte Constitucional, cuyo fallo será confiable, pues actualmente está rodeada de prestigio indiscutible.
En el tiempo de bullangas que comenzará el próximo enero, los legisladores seguramente seguirán ocupando el tiempo en asuntos como juicios políticos.
Es hora de que, respecto de la ley nueva de impuestos, las autoridades expliquen al público, con claridad y en lenguaje comprensible, las objeciones. Por ejemplo: fui llamado para informarme que, en una emisora algún entrevistado dijo que quienes percibimos hasta 2.000 dólares mensuales pagaremos impuesto más alto que cualquiera de los ricos que obtengan ingreso mensual de 20.000 dólares.
Por allí, un legislador de gobierno dijo que eso era una “gran mentira”, pero los que no sabemos de tributos y leyes que los originan, quedamos con miedo respecto a la versión perjudicial de la clase media, en la que muchos estamos descendiendo a la pobreza.
Si son necesarias cadenas nacionales para explicar los principales puntos, cabe insistir en usar lenguaje que entienda el público, y no aquel de los técnicos. Cada explicación debería ocupar no más de 10 o 15 minutos, porque en el lenguaje de los entendidos uno se les escucha y termina interrogando ¿qué es lo que dijo?
Los señores políticos y los politiqueros deben entender que hay un país en crisis económica.
Como ejemplo solamente, deben recordar la convocatoria en Guayaquil, en la que para ocupar 1.000 plazas de trabajo se inscribieron 11.000 jóvenes. (El Comercio, 29 de octubre de 2017).
Deben concretar su acción a que terminemos la conducta dañina de la falta de respeto a los Tratados, Convenios y Contratos con inversionistas, de tal manera que por la actitud abusiva, nos vemos ante una sentencia como la de la Compañía Oxy, por la cual el Estado ecuatoriano tendría que pagar a la petrolera 2.300 millones por perjuicios. El Presidente Correa anunció que pedirá la nulidad del fallo.
“Ecuador enfrenta 36 arbitrajes con sede extranjera. Dos consorcios petroleros demandaron a Petroecuador en una Corte de La Haya por una disputa sobre el pago de tarifas en sus contratos”. (El Comercio, 11 de septiembre de 2021)
¿Será atractivo invertir en Ecuador, con estos antecedentes?
Y así estamos con fracaso tras fracaso, litigando en el exterior y gastando más millones en costos de defensa jurídica.
Deben asegurar los legisladores que no se repitan sucesos como el de la Refinería de Esmeraldas que, solo para repararla y ampliarla, ocuparon tres fortunas en 42 años y, pese a ello, aún no trabaja al 100%. (El Comercio 25 de agosto de 2019).
Piensen en la Patria y no en venganzas y, algunos en beneficios personales.