La práctica de la política debe salir del albañal en el que ha caído, en medio de la proliferación de miles de candidatos y dirigentes –salvo excepciones- que empujan y atropellan para llegar a un cargo, con acciones detestables. El último proceso electoral fue la demostración –cada vez peor- de una deplorable campaña sucia, propia de la idiosincrasia, y como no se ejerce un voto informado y responsable, impactan la basura y las mentiras que se lanzaran en las redes sociales, en donde, a pesar de ser una gran herramienta moderna de comunicación, la mayoría de mensajes es falsa e incluso con injurias, que en parte se escudan en el anonimato. En algunos casos, hubo candidatos que contribuyeron al engaño en busca de ganar los comicios, con denuncias incluso resueltas. Se usaron paredes, pancartas y otros instrumentos de propaganda para desbaratar y pulverizar a los contrarios. Mucha bazofia, impropia de una sociedad civilizada.
Qué difícil resulta debatir tesis, ideas, programas y planes de trabajo, que es lo que debiera interesar al electorado, a fin de buscar soluciones y atención a los problemas fundamentales, y no regocijarse con contenidos falsos en una campaña demagógica y, lo que es peor, reenviar mensajes que buscaban destruir al rival político, sin importar su origen. Cuántas poblaciones, más allá de las principales ciudades del país, aún adolecen de servicios básicos, que por décadas en forma irresponsable las autoridades de turno de diferentes partidos y movimientos políticos no han podido solucionarlos pero algunos repitieron el mismo discurso de antes y parte del electorado desmemoriado cae.
Ni siquiera se observa el mandato constitucional y lo que dispone la Ley Electoral que el Estado debe fomentar los debates. Dice el artículo 115 de la Constitución: el Estado, a través de los medios de comunicación, garantizará en forma equitativa e igualitaria la promoción electoral que propicie el debate y la difusión de las propuestas programáticas de todas las candidaturas. Nada de esto se cumple. El electorado no exige cívicamente, no hace ciudadanía, y se allana a lo que le impongan los actores políticos porque les importa poco, aunque luego se quejen solo si son afectados.
Por todo ello se impone, de manera urgente, las reformas político electorales profundas en la actual estructura, que implique incluso el análisis de la necesidad de revisar el voto obligatorio.
Cuántos electores llegaron a las urnas con cabal conocimiento de los candidatos y sus propuestas, que les haya permitido ejercer un voto reflexivo. Resulta imperioso recuperar la institucionalidad, dignificar a la política, la buena práctica de servir al país y no servirse del país y terminar con este sistema perverso, que ha permitido la proliferación de partidos, movimientos y candidatos.