Enrique Echeverría G.

¿Choque de trenes?

“Que al Presidente, si se cometen delitos en el choque con los policías, no se le ocurra intervenir en el impulso de una sanción legal”.

“Gobierno y Conaie se preparan para medir fuerzas”, informa este Diario. Si de fuerza física se tratase, el Gobierno ganaría ampliamente, pues cuenta con la Policía y las Fuerzas Armadas. Entonces, se cumpliría el pronóstico presidencial de que el contendor Leonidas Iza terminaría “con sus huesos en la cárcel”.

El Presidente ya ha hecho el favor de colocar a Iza –aunque solo “para medir fuerzas”- en un alto nivel político. Ponerlo en la cárcel sería hacerle el favor completo, pues allí se forjan los políticos de alto nivel, a menos que sean tan desatinados y no sepan aprovechar la coyuntura.

Pero don Leonidas (no el Rey del Paso de las Termópilas, 480 a.C.) debe entender que si la mayoría de ecuatorianos eligió al presidente Lasso, no procede que un líder, por importante que se crea, a corto tiempo de la posesión casi ordene lo que debe hacer, como en el asunto del precio de los combustibles.

Las huestes indígenas pueden llegar a Quito, pese a cualquier prohibición o amenaza de la Autoridad competente o incompetente, como ya lo hicieron años atrás sorteando toda dificultad. Inclusive ocuparon los edificios principales de la Administración Pública.

Igual que en el pasado, cuando los de Esparta impidieron el paso de las Termópilas a los Persas, los indígenas ecuatorianos han demostrado que pueden superar los pasos de acceso a la capital: Churoloma, Guagraloma; y, si es necesario otro acceso, venirse por Guangopolo.

Que a la autoridad presidencial, a quien se debe respeto y cortesía, si se cometen delitos en el inevitable choque con los policías, no se le ocurra intervenir en el impulso de cualquier sanción legal, pues daría la impresión de que ha vuelto el pasado cuando el presidente Correa metió la mano en la Justicia. Deben actuar los policías apresando, pero entregando inmediatamente a los presuntos culpables a las fiscalías y a los órganos judiciales. Las autoridades ejecutivas no deberían ni siquiera pronunciar una declaración sobre esos aspectos.