Seguramente Abdalá Bucaram no se ve a sí mismo como un anciano, por el contrario se muestra enérgico, capaz de enfrentar a cualquiera, amenazando, llenándose de referencias a la patria, a la religión, a la familia y a una supuesta opción por los pobres; se dice enemigo de la oligarquía y se considera un perseguido político. Su actitud corresponde al imaginario del “varón” que reta a golpes a cualquiera. Cuando sus detractoras son mujeres, las califica de prostitutas, el menor de los insultos, desnudándose como el machista que es. Miles de tuits, horas y horas de programas de radio, entrevistas y declaraciones públicas están allí para refrescar a quien olvida la forma en que el personaje actúa; palabras que dan cuenta de una forma burda de manipulación de los conceptos, de su comprensión del mundo y de su populismo grotesco.
Este personaje, parte del folclor político nacional, hace unos pocos días en una conversación telefónica con un ciudadano israelí detenido y posteriormente muerto a golpes, puso en evidencia lo que era un rumor: su poder, su relación con autoridades judiciales, el control sobre ciertos jueces y su capacidad de vulnerar reglas.
Todo lo que ha sucedido en este caso es un recordatorio de lo mal que funciona nuestra institucionalidad. El brutal asesinato de Shy Dahan, claramente una responsabilidad del Estado ecuatoriano, más allá de la identificación de los responsables materiales e intelectuales del hecho, da cuenta del nivel de podredumbre del sistema de rehabilitación. Los funcionarios públicos tenían el deber de garantizar la integridad física y la vida de una persona privada de la libertad, era su obligación tomar todas las medidas para impedir cualquier tipo de agresión de parte de agentes estatales o de terceros y, como viene sucediendo con frecuencia, el Estado falló; de no llegarse a identificar y sancionar a los culpables de esta acción, son los funcionarios actuales los que deberán responder por esa muerte y por muchos otros errores.
Luego, el allanamiento y la posterior detención de Bucaram se hicieron tan mal que muchos de los que antes se escandalizaban por la inacción del sistema de justicia, ahora expresan su indignación por la forma en que este hombre de 70 años (en realidad 68) fue tratado. Lo sucedido es un ejemplo de como una acción legal y necesaria -en principio- se percibe como una burda distracción violatoria de derechos, convirtiendo a los presuntos victimarios en víctimas y añadiendo más dudas sobre la integridad del sistema.
Vivimos en una sociedad realmente deteriorada, con niveles de violencia y corrupción sin precedentes, donde el espectáculo parece haber reemplazado al debate de ideas; participar en política es, para muchos, un medio para buscar impunidad o enriquecerse, de ahí que en las elecciones próximas es probable el triunfo de versiones autoritario-mesiánicas, porque la pandemia y el pasado pueden servir para explicar muchas cosas, pero no sirve para justificar todo.