El Consejo de Seguridad Pública y del Estado está conformado, según el Art. 6 de la ley de la materia, por 14 autoridades. Entre ellas el presidente y vicepresidente de la República, los presidentes de la Asamblea Nacional, del Consejo de la Judicatura, de la Corte Nacional, de la Función de Transparencia, 6 ministros de Estado, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el comandante General de la Policía Nacional. Este Consejo tiene dos funciones: 1) asesorar al presidente sobre políticas, planes y estrategias en materia de seguridad; y, 2) recomendar al presidente la adopción de medidas de prevención e intervención en casos graves o frente a amenazas que puedan afectar la integridad de las personas. En días pasados se reunieron estas autoridades para tratar de dar solución al principal problema nacional: la inseguridad. Ahora bien, la misma ley permite que se convoque a las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados y a ciudadanos. Considero que este último punto es de extrema importancia. Necesitamos que en esas mesas estén profesionales expertos en seguridad, criminólogos, penalistas, académicos que se han dedicado por años a la investigación de las causas de la violencia. Gente que conoce cómo prevenir y cómo combatir este cáncer social que nos aqueja y nos encierra. Ayúdense de expertos, de ciudadanos que sin una gota de poder político están dispuestos a contribuir a que en este país se detenga la crueldad. Existe gente capaz de arrimar el hombro y con su ingenio, experticia y voluntad aportar con ideas a corto, mediano y largo plazo. Además de lo anterior, es hora de solicitar la ayuda y cooperación internacional. Si otras naciones han superado hechos iguales o peores a los que hoy vivimos en materia de delincuencia, no es ilógico pedir esta colaboración. Hoy requerimos no solo de unidad sino de ingenio y experticia. Hagan un espacio a esos ciudadanos y convoquen a las mejores mentes del país a las reuniones del Consejo de Seguridad.