Ahora estamos con la novedad de la compra de naves aéreas sudafricanas, Cheetah, una de cuyas unidades –en el primer vuelo de ensayo– sufrió desperfecto que, en el piloto ecuatoriano produjo trauma facial. Aconteció súbita despresurización (entrada de aire) en la cabina.
Este accidente obligó a cancelar la misión y retornar a la pista de aterrizaje. Esto, de Sudáfrica. En octubre del 2009 en una demostración de helicópteros Dhruv, provenientes de India, ante la vista atónita de los concurrentes el aparato, nuevo, se precipitó a tierra.
El avión accidentado, uno de 12 en total, ha estado embodegado desde el año 2008; y los 12, dados de baja luego de 18 años de utilizarlos. Vinieron al Ecuador en piezas, por vía marítima y aquí los ensamblaron. El precio de la compra, 78,4 millones de dólares.
Este es el infortunio del pobre que se ve forzado a comprar cosas usadas.
¿Qué acontecerá en adelante? ¿Cuánto se ha pagado de los 78,4 millones, valor del contrato? ¿Con qué facultad, por militar que sea, podrán ordenar a los pilotos de la Fuerza Aérea que conduzcan un avión que, a lo mejor, en pleno vuelo sufre desperfecto? El piloto ecuatoriano no era ningún aprendiz; más bien, un experto en conducción de aviones supersónicos Mirage F1.
En la “larga noche neoliberal”, compraron material militar “surplus” de los Estados Unidos, consistente en vehículos nuevos y reconstruidos, pero que llegaron
inservibles; embarcados al Ecuador sin visto bueno previo de una comisión militar ecuatoriana.
En cuanto a equipos, en vez de 10 000 chompas, que constaba en los documentos de embarque, habían remitido 4 000.
Esto determinó que la Junta Militar de Gobierno dejara sin efecto la Resolución del Congreso Nacional “en todo en cuanto atañe a la Función Judicial”; y en libertad a esta Función para que establezca responsabilidades penales. Encargó a la Corte Suprema en Pleno que, en una sola instancia, conozca el proceso y juzgue a todos los que aparecieren responsables, prescindiendo de una decisión del Senado del Ecuador que había resuelto que no cabía enjuiciar penalmente nada menos que al Vicepresidente de la República.
Este suceso ocasionó reclamos, escándalos, acusaciones de todo orden contra funcionarios que, de alguna manera, habían intervenido en el proceso de compra de lo que se calificó de “chatarra”.
La Corte Suprema de Justicia en Pleno condenó al vendedor, un ciudadano americano de apellido Klein, con cinco años de prisión y absolvió definitivamente a los cinco imputados nacionales.
Como indicamos al inicio, hay muchos riesgos en compras de objetos, equipos y material militar usados. En adelante, deben recordar estas lecciones, pues luego de las protestas y de la bullanga política, no hay cambio. Se repite el refrán: “Mucho ruido y pocas nueces”, sin resultados tangibles.