Un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) es, en principio, una mala noticia para los ecuatorianos, porque evidencia que la economía nacional está enferma y necesita la intervención de un médico que no solo se limite a prescribir una receta adecuada; también se requiere la inyección de una fuerte dosis de liquidez para empezar el tratamiento.
Los países acuden al FMI cuando atraviesan desequilibrios graves. En el caso ecuatoriano los problemas se han acumulado por décadas y han configurado un cuadro clínico complicado: déficit fiscal crónico, adicción al gasto público, sobrepeso estatal, desangre de la reserva monetaria, desnutrición del sector privado, rigidez del mercado del trabajo, pérdida de visión a largo plazo, insostenibilidad de la seguridad social, entre otros.
En términos generales, ese diagnóstico es reconocido por los especialistas nacionales e internacionales, pero hay diferencias en las recetas para curar los problemas fiscales, monetarios y estructurales.
Los problemas fiscales han ocasionado desequilibrios monetarios, que se evidencian en la pérdida de reservas. Por eso es fundamental resolver la parte fiscal, lo cual pasa por definir el peso ideal del Estado. El Gobierno está en la línea de un recorte paulatino, es decir, desmontar lo realizado en la última década. Hasta el 2006, el gasto público representaba alrededor del 21% del Producto Interno Bruto (PIB) y en el 2014 llegó al 44%. En los últimos dos años ha venido bajando a cerca del 35%, que aún es elevado.
Para bajar el peso del Estado sin ocasionar un colapso de la economía, el Gobierno analiza dos opciones. Por un lado, reducir el gasto público focalizando subsidios –principalmente el diésel automotriz-, recortar la masa salarial y concesionar empresas públicas al sector privado. Además evalúa aumentar los ingresos a través de un alza de impuestos, específicamente el IVA.
La combinación de ambas opciones solo aceleraría una recesión económica, ya que restaría recursos al sector privado para mantener un gasto público, que es menos productivo para una recuperación económica. El Gobierno puede hacer un mayor esfuerzo para recortar los gastos y así evitar un aumento de impuestos.
Los problemas estructurales, en cambio, requerirán un tratamiento de largo plazo que es necesario empezarlo de inmediato. Para eso se requieren reformas en materia de impuestos, soluciones integrales al sistema de seguridad social, mejorar la productividad y competitividad de las empresas nacionales, modernizar el aparato productivo mediante la inversión extranjera, actualizar normas laborales, mejorar la eficiencia del sector público, capacitar a los trabajadores para empleos del futuro, etc.
Un acuerdo con el FMI puede ayudar al Gobierno a definir un plan económico para superar sus problemas coyunturales y estructurales. El reto del Gobierno es conseguir un acuerdo interno para aplicarlo.