Monumento al despilfarro
La refinería del Pacífico, una obra inexistente que ha costado más de USD 1 500 millones, es el monumento al mal uso de recursos públicos en Ecuador. Pese a eso, todavía no hay ninguna autoridad en la cárcel.
Para tener una idea de la cantidad de recursos que permanecen hundidos desde que el Gobierno anterior incursionó en una obra sin beneficio de inventario, se puede mencionar que con USD 1 500 millones se pueden construir 80 hospitales públicos o financiar por seis años el Programa de Alimentación Escolar, que beneficia a más de tres millones de niños.
También se puede decir que esa cantidad de recursos supera en un 50% a todo el recorte de la masa salarial que el actual Gobierno se comprometió a ejecutar hasta el 2021, para cumplir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El lucro cesante por tener esos recursos sin uso es inmenso. Por cada año se dejan de percibir, al menos, USD 75 millones, que es el rendimiento que se puede obtener si estuviesen depositados en el banco.
La obra debía estar terminada en el 2013, pero los problemas técnicos y la falta de financiamiento han ocasionado que del proyecto inicial solo quede un terreno aplanado y un acueducto.
El actual Gobierno ofreció terminar la obra si encontraba un inversionista privado interesado. Pero no hubo ofertas para el proyecto que arrancó en el anterior Gobierno, aunque sí para uno nuevo. Por eso, si se construye una nueva refinería en Manabí será en otro lugar, con otro diseño y con recursos privados.
Con un proyecto fallido entre manos, y con la necesidad de recuperar algo del dinero invertido, el paso inevitable era liquidar la empresa de economía mixta que se creó para construir la refinería y que tiene como socios a Petroecuador y Pdvsa.
El 12 de marzo pasado, tras un pedido de la estatal Petroecuador, la Superintendencia de Compañías resolvió la liquidación de Refinería del Pacífico RDP Eloy Alfaro Compañía de Economía Mixta. .
La siguiente etapa será crucial para el Gobierno, ya que por un lado deberá liquidar una empresa cuyos activos son un terreno y un acueducto que no llegan a valer los USD 1 500 millones invertidos.
Y por otro lado, cuando reconozca una pérdida en ese proyecto, tendrá que responsabilizar a alguien por ese perjuicio.
El Gobierno anticipó esos escenarios y contrató una evaluación técnica para esta y otras obras, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Entre otros problemas, esa evaluación estableció un sobreprecio en algunos contratos y los documentos fueron enviados a la Contraloría y a la Fiscalía.
Además, el mes pasado, el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio presentó más documentos y pidió a la Fiscalía que vincule al expresidente Rafael Correa en este caso, por abuso de recursos públicos. La Justicia no puede dejar impune semejante atraco a los fondos públicos.
