Se mueven las frutas en los concejos municipales, gobiernos provinciales y juntas parroquiales con miras a los comicios del 2014. Vuelven las sonrisas y las buenas caras para tratar de impresionar en la nueva campaña electoral. En muchos de los organismos seccionales, alcaldes, prefectos, concejales y consejeros se preparan para la reelección. Empero, en sociedades en desarrollo y sin instituciones sólidas, el uso y abuso de los recursos públicos de quienes optan por una reelección a cualquier cargo es evidente por falta de entidades de control independientes, aunque las normas consagren eso, y cómplices con quienes detentan el poder de turno.
En la Región Amazónica cambiaron el discurso de la defensa de la Pacha Mama y del medioambiente y apoyan la explotación petrolera hasta en una parte del Yasuní y con ello buscan la simpatía del poder cuando en el pasado cuestionaban y hacían paros en defensa de la vida. Quizás lo más ansiado, pretenden participar en el reparto de recursos. Hoy todo vale aunque la Constitución prohíba. Otros quieren protegerse del poder para lograr una reelección porque solos no llegan ni a la esquina.
Cuántos se alistan para la reelección y difunden grandes informes de obras, con promoción de sus autoridades y ponen en movimiento el amplio aparato público para vender imágenes. Esto sucede a pesar de que el art. 219 del Código de la Democracia expresamente “prohíbe a los servidores, servidoras, organismos e instituciones públicas la utilización de los recursos y bienes públicos para promocionar sus nombres o sus organizaciones políticas en las instituciones, obras o proyectos a su cargo”. La Constitución obliga a la Contraloría que se encargue del control en la utilización de los recursos estatales.
Las campañas deben servir para discutir programas de acción y debatir las soluciones a los problemas estructurales -como manda la Constitución art. 115- y también los temas culturales frente a los cuales las autoridades están en la obligación de hacer campañas para educar. En Quito, espeluzna conocer que cerca de 400 000 perros en el Distrito Metropolitano dejan diariamente alrededor de 80 toneladas de excrementos. Esto contamina el ambiente por la falta de educación y cultura, que impiden estar en mejores condiciones en parques, calles y avenidas.
Si bien es un problema ciudadano, las autoridades tienen la responsabilidad de concienciar a las personas, profundizar campañas permanentes y aplicar las ordenanzas 332 y 048 que aprobaron para promover la cultura del respeto a los demás. Debe reconocerse que algo se ha hecho pero resulta insuficiente. Por ello, con el fin de contribuir a las causas ciudadanas, Radio Quito y Platinum FM, con Últimas Noticias y EL COMERCIO y el impulso ciudadano y municipal se empeñan en contribuir para esta causa cívica.