Informe Judicial

Es una columna que incluirá información sobre temas relacionados con seguridad y justicia. Otros artículos del autor: http://bit.ly/gTipanluisa Twitter: @ECtipanluisag

Geovanny Tipanluisa

Geovanny Tipanluisa

Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Central del Ecuador. Tiene 20 años de experiencia en periodismo. Colabora con el Grupo EL COMERCIO desde el 2003 y se ha desempeñado en diversos puestos desde entonces. Actualmente es Editor de Seguridad.

La recuperación del dinero de la corrupción tiene graves trabas

Es penoso saber que la recuperación del dinero de la corrupción solo queda en ofrecimientos políticos, en promesa. En la práctica este proceso es largo, tedioso, lleno de trabas. No todos ayudan como el país quisiera, como se supone debería ser.

Los jueces de la Corte Nacional de Justicia responden a la Procuraduría General del Estado que no les corresponde ejecutar este tipo de tareas. Entonces se atomiza todo el trámite y hay que recurrir a una serie de juzgados locales, en donde los condenados están domiciliados. Eso complica el trabajo. Sí.

¿No es posible que en materias tan sensibles como esta, las instituciones actúen como Estado y no como islas? Deberían hacerlo; Ecuador lo necesita.

¿En qué quedó el pomposo “acuerdo interinstitucional” contra la corrupción que en febrero del 2019 firmaron seis instituciones? En nada. Hoy, el contralor que convocó a esa reunión renunció al cargo y está recluido en la Cárcel 4. La justicia lo rastrea por supuesta delincuencia organizada y los indicios hallados hasta ahora lo involucran más.

Lejos de ayudar, estas convocatorias para sentarse ante las cámaras y firmar acuerdos solo han teatralizado un tema tan fuerte como la lucha contra la ilegalidad. Por eso, dos años después de que la sentencia por el caso Odebrecht quedara en firme en contra del exvicepresidente Jorge Glas, ni él ni su tío Ricardo Rivera han pagado la reparación al Estado (USD 14,1 millones por los dos).

En el 2020, el abogado del Estado solicitó a un Tribunal que autorizara el inicio de un proceso para que el exsegundo mandatario cumpla con su obligación económica, pero todavía no existen respuestas. Increíble lo que ocurre.

Rivera incluso ha planteado un pedido para salir de la cárcel bajo la denominada figura de régimen semiabierto.
Otros cercanos al correísmo también están libres y no cumplen con la indemnización económica fijada por los jueces. A cambio han ofrecido un vehículo que no cubre cuantía alguna.

Los jueces y la Corte Nacional están obligados a aportar más en cuanto a la recuperación del dinero de los condenados. Caso contrario no habrá resultados. Penosamente, en este momento, el Estado únicamente tiene en sus manos USD 1 millón, pero porque voluntariamente pagaron dos empresarios sentenciados dentro del caso Sobornos.

Pero unos cálculos señalan que los imputados en todas las tramas se han llevado USD 111 000 millones. En campaña, este Gobierno prometió crear una comisión internacional de lucha contra la corrupción, con el apoyo de la ONU.
Habló de un presupuesto para que ejecuten las tareas y que el primer objetivo de esta administración es recobrar los fondos robados. En cada intervención, el entonces candidato Guillermo Lasso se refería a la importancia de seguir la ruta del dinero y meter a la cárcel a los responsables. Que así sea. El país lo respalda, pero las decisiones tienen que concretarse cuanto antes.

Por ahora, la Procuraduría se reunió con el Departamento de Justicia de los EE.UU., para seguir dos casos: Petroecuador e Isspol. ¡Enhorabuena!