Informe Judicial

Es una columna que incluirá información sobre temas relacionados con seguridad y justicia. Otros artículos del autor: http://bit.ly/gTipanluisa Twitter: @ECtipanluisag

Geovanny Tipanluisa

Geovanny Tipanluisa

Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Central del Ecuador. Tiene 20 años de experiencia en periodismo. Colabora con el Grupo EL COMERCIO desde el 2003 y se ha desempeñado en diversos puestos desde entonces. Actualmente es Editor de Seguridad.

La gran tarea de la justicia para frenar la inseguridad

Un fiscal acusando a otro fiscal. Sí. El país vio estupefacto cómo el 1 de junio pasado un judicial fue capturado, esposado y señalado penalmente por abstenerse de acusar a tres integrantes de una peligrosa mafia que estarían involucrados en asesinato, sicariato, tráfico de drogas y de armas. Hoy, los sospechosos están libres.

Pero no es el único caso. Entre enero y abril pasados, solo en Guayas, los fiscales emitieron 328 dictámenes que favorecieron a los detenidos. Apenas comenzaba este año, un investigador no acusó a un hombre que aparentemente fue hallado con 89 bloques de cocaína.

Tras un proceso legal, la autoridad judicial señaló que el aprehendido sufre de una adicción crónica a las drogas y no hubo imputación penal alguna.

Los magistrados están molestos. ¿La Judicatura y la Fiscalía han hablado de lo que ocurre? Parecería que no. Solo hay declaraciones por separado. Los unos prometen combatir a la corrupción y a los corruptos y los otros también.

En febrero pasado, tres hombres capturados con 1,3 toneladas de droga salieron libres con un certificado privado que demostraba que tenían covid-19. El juez acogió este documento, pero el Ministerio de Salud advirtió que los aprehendidos se encontraban bien de salud.

El año pasado, el 39% de 31 826 sospechosos evitaron la prisión. En unos casos, los magistrados ordenaron que se reporten periódicamente en las oficinas judiciales mientras dure el proceso.

Pero los implicados no siempre cumplen la orden judicial. Se ausentan definitivamente y todo queda impune.

El 13 de enero pasado, la Judicatura instaló la Mesa de Lucha contra la corrupción. La Fiscalía dijo que no participará y la Corte no se adhirió. Quizás por ahí habría que empezar. El 19 de febrero del 2019, ante las cámaras también se firmó el denominado acuerdo interinstitucional en contra de los ilícitos. Otro acto que quedó en un simple enunciado. No ha trascendido ninguna información sobre el trabajo ejecutado. Funcionarios que firmaron ese documento incluso ya no están. Otras instituciones desaparecieron y quien encabezó todo está recluido en la Cárcel 4 de Quito.

Hoy, más que nunca, urgen entendimientos entre las funciones del Estado. El país lo requiere.
Que las mafias identificadas con poderosos carteles mexicanos de la droga no ganen terreno. Que las redes delictivas, de todo tipo, se enfrenten a la justicia.

Hoy mismo se ha visto cómo un juez negó un acto urgente con el que la Fiscalía pidió detener a cuatro funcionarios acusados de una presunta interceptación ilegal de datos de la Función Judicial para alterar sorteos. ¿A quién se beneficiaba con esas acciones?

El presidente Guillermo Lasso fue contundente y pidió que se “limpie la justicia de una vez por todas”. Que así sea. El 11 de junio, el Consejo de la Judicatura anunció que se realizan evaluaciones técnicas a los servidores judiciales, “velando por el buen funcionamiento del servicio a los ciudadanos”.

Todo el país está pendiente de ese trabajo. Hay que depurar a los malos elementos enquistados en la justicia.