Eran épocas en que el poder los cobijaba. El correísmo manejaba el país y sus más fieles colaboradores tenían la capacidad de armar fiestas y convocar a fiscales, jueces, empresarios, ejecutivos de Odebrecht, políticos y el círculo íntimo del oficialista Alianza País.
Todos estaban juntos. No importaba ni las formas. La tan alardeada independencia judicial se disipaba peligrosamente en esas reuniones. Los detalles se conocen ahora por los rastros que las mismas organizadoras dejaron en sus computadoras. !Increíble¡
La Fiscalía tiene en sus manos información privilegiada sobre el caso Sobornos y no le puede fallar al país. Bajo el debido proceso y el derecho a la defensa, la justicia tiene que señalar a quienes captaron el dinero ilegal para las campañas de Alianza País y a quienes metieron la mano en la justicia.
Aquellos que manejaban el Consejo de la Judicatura ahora son abogados de los fugitivos del correísmo. ¿De qué independencia hablaban? ¿Por qué mintieron al país?
Manipular los juicios del 30-S. Las condenas llegaban primeramente a una oficina externa de la Presidencia de la República, que operaba en el norte de Quito.
¿Quién ordenó arrendar esas oficinas? ¿Quiénes las ocupaban? ¿Qué se hacía allí? Todo debe aclararse. Por ahora se sabe que desde ese lugar se instruía a funcionarios correístas para que presionen a fiscales, a funcionarios de la Judicatura, a jueces de primer nivel y a magistrados de la Corte Nacional. Buscaban que los fallos se dicten a su favor.
El informe de la Mesa por la Verdad y la Justicia, publicado a inicios de año, ya menciona a 14 jueces nacionales, porque supuestamente auparon la persecución en la anterior década.
En un caso denominado Rebelión se muestra cómo tres personas fueron capturadas sin órdenes de detención. No se les permitió contar con sus abogados y se les impuso un defensor público. El documento revela hasta supuestos cobros para no ser inculpados por los jueces. Unos pudieron hacerlo y otros no. Que estas historias no se repitan.