Es una columna que incluirá información sobre temas relacionados con seguridad y justicia. Otros artículos del autor: http://bit.ly/gTipanluisa Twitter: @ECtipanluisag
Geovanny Tipanluisa
Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Central del Ecuador. Tiene 20 años de experiencia en periodismo. Colabora con el Grupo EL COMERCIO desde el 2003 y se ha desempeñado en diversos puestos desde entonces. Actualmente es Editor de Seguridad

Paren la agresión a los agentes de tránsito

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Miércoles 05 de diciembre 2018

Lo que se observa en videos simplemente indigna. Agentes de tránsito arrastrados con vehículos, golpeados, cacheteados o insultados por conductores. La noche del sábado, en Milagro una mujer huyó de un operativo con un agente sobre el capó de su auto. Ayer, en Quito, se conoció de una escena similar.

Los responsables deben ser castigados bajo del debido proceso y el derecho a la defensa. El Código Penal (art. 386) sanciona con cárcel de tres días al conductor que agreda físicamente a la autoridad. Pero si hay lesiones, la pena se eleva hasta siete años.

La Constitución (art. 66) garantiza el derecho a la integridad física de todos los ciudadanos y compromete al Estado a velar por una vida libre de violencia.

Nadie puede estar por encima de los mandatos legales y constitucionales. Es urgente frenar los ataques. Solo en Quito se reportaron 283 agresiones en ocho meses del 2018. En Guayaquil iban 26 hasta el 11 de noviembre. Movidelnor, que agrupa a 15 municipios del norte del país, registra 38 casos de enero del 2017 a octubre de este año.

Cuenca optó por una campaña enfocada en el respeto a los servidores públicos, una iniciativa digna de replicar. En Ibarra y en Guayaquil, la autoridad dotó de equipos tecnológicos para registrar este tipo de hechos y presentar ante la justicia.

Los conductores tienen quejas. Dicen que los uniformados les irrespetan, les sancionan sin razones, no detallan por qué imponen multas y no entienden explicaciones.

Pero eso no avala agresión alguna. Si hay diferencias denuncien, para que los problemas se resuelvan a través de la norma penal.

En los municipios también hay espacios para las quejas ciudadanas. Es decir, existen canales para solucionar pacíficamente los conflictos. Hay que usarlos. Que no se repitan casos como el de Imelda Pacheco, la agente que hace dos años fue arrastrada en Quito y hoy tiene problemas para caminar. A Rómel Padilla le golpearon en el piso. A otro servidor le atacó una turba de taxistas. La lista es larga.