El anunció del presidente Lenín Moreno de eliminar el llamado impuesto verde tendrá un impacto fiscal de USD 110 millones al año, en medio de una situación fiscal compleja.
El proyecto de Ley para concretar la medida fue enviado y contiene el informe favorable del Ministerio de Finanzas, pese al llamado que el propio titular de la Cartera hizo en febrero pasado a la Asamblea para no aprobar normas que impliquen sacrificio fiscal. Dijo: “La Asamblea por responsabilidad debería lograr que todas las leyes que aprueban sean con costo fiscal cero, porque -caso contrario- la Asamblea aprueba una ley que le cuesta USD 100 millones, 300 millones al Estado y perfecto queda bien, pero después cómo se financia eso, si tenemos y estamos en una zona de déficit”.
Están en juego, además, acuerdos con el Fondo Monetario Internacional para reducir la brecha fiscal, por lo que el Fisco deberá compensar esos ingresos. El proyecto de Ley no establece cómo se hará eso y solo deja abierta la puerta para que “en el futuro una reestructuración del sistema tributario permita incorporar nuevos impuestos en materia ambiental que sí logren cumplir sus fines adecuadamente”. El envío se da mientras la Asamblea ya tramita una Ley para eliminar ese tributo, por iniciativa de Creo, y en momentos en que se habla de trabajar de forma coordinada con el Legislativo.
Autoridades han señalado que la recaudación generada por el impuesto no fue en su totalidad a programas ambientales o de mejora de combustibles desde el 2012 cuando se creó.
Pero se debe considerar que desde este año los dueños de los autos con cilindraje más grande y más antiguos -los que más dañan el aire y la salud de las personas- empezaron a pagar el 100% del impuesto verde, tras siete años de rebajas. Algunos de ellos pensaban vender los vehículos porque el tributo llega a niveles demasiado altos. La eliminación, como ahora se pretende, evitará la renovación del parque automotor y hará imposible evaluar el real impacto del tributo.