Nos sobra energía eléctrica y no sabemos qué hacer con ella. El reciente balance energético, que presentó hace dos semanas el Ministerio de Energía, da algunos insumos que permiten entender por qué el país no está aprovechando ese valioso recurso.
La energía hidroeléctrica es barata y limpia. Fue la gran apuesta del Gobierno anterior. El país invirtió USD 10 600 millones en los diez últimos años para desarrollar el sector. Pero el balance energético muestra que se hizo poco para subir la demanda eléctrica en el país, especialmente del sector de transporte.
Hay esfuerzos importantes desde gobiernos locales: Quito construye un metro, Guayaquil incorporó 20 buses eléctricos y Cuenca desarrolló un tranvía. Pero son políticas puntuales y eso explica que el transporte siga siendo el gran demandante de combustibles fósiles, altamente subsidiados y contaminantes. La actividad consume por sí sola la mitad de la energía del país. Le siguen la industria y los hogares.
De todos los combustibles, el diésel -usado principalmente por el transporte de carga y de pasajeros- es el principal responsable de las emisiones contaminantes, con una participación del 36% en el total de emisiones, anota el mismo balance.
La Ley de Eficiencia Energética aprobada por la Asamblea y que entró en vigor en marzo puede contribuir a cambiar esta situación. Ese marco legal establece que a partir del 2025 los autos que se incorporen al transporte urbano e interprovincial serán eléctricos.
Además dispone al Ministerio de Energía establecer de forma progresiva los límites en niveles de consumo y emisiones que deberán cumplir los autos que se vendan en el país. Y se deberán crear incentivos para que las industrias optimicen el uso de la energía.
Son pasos positivos y necesarios, pero las autoridades deben saber que una política pública que no involucre a empresas, ciudadanos y gobiernos locales está condenada al fracaso, como se probó en la última década.