Tema sobre mercado de carbono genera dudas entre ambientalistas

Voluntarios de Fonag durante la ‘Minga Cuid-arte’ en el Río San Pedro en Machachi. Foto: Cortesía / Fonag.




La pregunta 8 de la consulta popular tiene como objetivo cambiar el artículo 74 de la Constitución. En ese apartado legal se establece que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales.

Para esto dice que “los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado”. Pero ahora, el presidente Guillermo Lasso quiere añadir que el Estado se encargará de definir “los lineamientos y mecanismos de compensaciones que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades recibirán por su apoyo a la generación de los mismos”. 

Esta pregunta tiene voces a favor y en contra. Sin embargo, las dos tendencias concuerdan que lo esencial es el mercado de carbono al que quiere acceder el Gobierno.

¿A qué se refiere este mercado? 

El mercado de carbono es la compra y venta de derechos de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Su implementación data de hace más de 20 años y su intención es que las empresas que contaminan paguen por bonos o créditos a los países que generan programas para el cuidado del medioambiente.

La ideal del Ejecutivo precisamente es acceder a estos beneficios económicos. Según los sustentos de la consulta popular, los compradores de estos créditos de carbono pueden invertir en proyectos que reduzcan la concentración de GEI en la atmósfera para compensar las emisiones que no han podido eliminar ellos mismos.  

Según las estimaciones del Gobierno, los ingresos para el país serían significativos. De hecho, los cálculos indican que si se toma en cuenta una estimación de USD 10 por tonelada de carbono, los potenciales ingresos podrían ser de USD 270 millones por año.  

Esos rubros, según la Presidencia, serían destinados a generar proyectos para reforestación, aforestación, restauración de bosques, páramos y manglares. Consecuentemente, el presidente cree que eso generaría nuevos empleos y beneficios sociales. 

Para la abogada especialista en derecho ambiental Inés Manzano, la propuesta del Ejecutivo es positiva. Ella cree que no es una pregunta de relleno y que sí ayudará al Estado a generar ingresos para el cuidado del medioambiente.  
No obstante, le preocupa la forma en que está redactada la propuesta, pues señala que el hecho de que se considere al carbono como un servicio ambiental que no es susceptible de apropiación puede generar efectos nocivos.

“Significa es que el Estado es el administrador de mi bosque. Yo soy dueño de la tierra, pero no de los servicios ambientales”, dice. Considera que si el dueño cree que ya no tiene un servicio ambiental, puede vender o talar. 
Otro aspecto que menciona Manzano es que hay que tomar en cuenta los lineamientos que delimitará el Estado para la venta de carbono.

Ella dice que debe existir una regulación para que no exista doble contabilidad. Esto quiere decir que si se vende 10 hectáreas de carbono, no se comercialice a otra persona el mismo bono.  

En contra

Organizaciones en pro del medioambiente no están de acuerdo con esta propuesta del Estado. Acción Ecológica, por ejemplo, afirma que las beneficiadas de esta enmienda serían las empresas que más contaminan. “Pueden seguir con la espiral de destrucción porque dicen que compensan estos daños con la compra de permisos que se les entrega como servicio ambiental”. Según la organización “están comprando cuotas de impunidad”.  

Para ellos, el Estado debe proteger los recursos naturales del país sin estos tratos, pues afirman que los certificados de compensación de emisiones de carbono generan que las empresas “sigan extrayendo petróleo, emitiendo CO2 a la atmósfera, minando la tierra, en definitiva, destruyendo el planeta”. 

Suplementos digitales