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El Gobierno plantea hacer un cambio en el manejo de las fuentes de agua

La reserva ecológica Antisana, que provee de agua a Quito, es un área protegida. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO.

Ecuador tiene actualmente 16 Áreas de Protección Hídricas. Eso quiere decir unas 65 988 hectáreas de zonas importantes de fuentes de agua. Y a pesar de que la Constitución dice que el Estado debe garantizar su protección, el Gobierno cree que esto en la práctica no ocurre.

De hecho, la Presidencia señala que las áreas de protección hídricas no cuentan con políticas de gobernanza, ni tampoco financiamiento para su protección. Además, que la falta de estos dos componentes puede generar un futuro desabastecimiento del agua y la propagación de actividades criminales en zonas hídricas.  

Pero, ¿por qué estas áreas están desprotegidas? La respuesta a esta interrogante consta en la pregunta 7 de la consulta popular, impulsada por el presidente Guillermo Lasso. Según la propuesta del Ejecutivo, este abandono de las áreas hídricas tiene que ver con que no pertenecen al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP).

Por eso, a través de la consulta, el Presidente quiere crear un Subsistema de Protección Hídrica dentro de este Sistema Nacional.  Con esto, el Gobierno afirma que el cuidado del agua tendrá mayor atención y financiamiento.

Inicialmente, la propuesta del Ejecutivo es bien vista por ambientalistas y expertos jurídicos, que afirman que se está tomando en cuenta la protección del agua. Sin embargo, al analizar a profundidad la propuesta, existen más dudas que certezas. 

Financiamiento 

Eduardo Espín es consultor ambiental y es exdocente de la Universidad Central del Ecuador. A él le preocupa que el Gobierno esté tomando esta pregunta como relleno para garantizar la aceptación del resto de inquietudes. Se atreve a decir esto porque no se tiene claro cómo esta enmienda garantizaría los recursos económicos para protegerlas.

Esto ocurre porque en los sustentos de la Presidencia no se detalla el monto o porcentaje que se destinaría para este aspecto. Por el contrario, en el documento oficial se admite que el financiamiento fiscal para las áreas protegidas ha bajado desde el 2015.

Ese año hubo una inversión de USD 9,3 millones. Para el 2020, el monto fue de USD 8,2 millones. El Servicio Nacional de Áreas Protegidas también tiene un Fondo especial que para el 2021 asignó presupuesto a 43 de las 71 áreas protegidas del SNAP. Actualmente, ese fondo “ha alcanzado un capital de aproximadamente USD 40 millones, siendo a la fecha el Gobierno Alemán el principal aportante”. 

Minería ilegal

Pero las dudas también se centran en el tema de la protección de los recursos hídricos en torno a la minería ilegal. Según la propuesta del presidente Lasso, el crear un subsistema dentro del SNAP ayudaría a evitar que actividades ilícitas afecten a las fuentes de agua.

Pero para Yasmín Calva, abogada y ambientalista, tampoco está claro cómo se lograría. Por eso, califica a la pregunta como ambigua. Para ella, la propuesta del Estado, si la intención era frenar la minería, debía ser más atrevida y prohibir las concesiones mineras en territorios rurales y no solo urbanos como lo establece la ley.  

Por eso, manifiesta que en provincias como Zamora Chinchipe y Morona Santiago están teniendo bastantes problemas de contaminación del agua por la presencia de grandes proyectos mineros. Además, dice que el presidente Lasso está dejando de lado la función de los pueblos y nacionalidades indígenas en torno a la protección de las fuentes de agua.

 La Consulta Popular busca que el Estado se convierta en el único regulador de las áreas hídricas. Pero Calva dice que la mayoría de estas zonas históricamente han sido cuidadas por las poblaciones ancestrales. De allí que recomienda que en la propuesta se debe aumentar una co-rectoría de la protección por estos grupos sociales, que han dado protección.