La construcción de los cinco edificios del campus universitario está detenida. Estos ya no están habitados. Foto: Vicente Costales/ EL COMERCIO
La Contraloría determinó un perjuicio por USD 31,4 millones en la ingeniería, estudios, fiscalización y construcción de los cinco edificios del campus universitario de Yachay, en la llamada Ciudad del Conocimiento, en Ecuador.
El examen especial realizado por el ente de control establece indicios de responsabilidad penal, por lo que el miércoles 4 de abril del 2018 fue enviado a la Fiscalía para que se inicie una investigación por perjuicio al Estado.
En el informe DNA2-0015-2018 se detallan las responsabilidades, por parte de tres exautoridades de la empresa pública Yachay, la firma consultora Hospiplan, la constructora ConEcuakor y el consorcio fiscalizador HP.C.
Los auditores constataron que la construcción de los cinco edificios -laboratorios, administración y gestión, auditorio y los denominados de transferencia de tecnología (TT1 y TT2)- está detenida durante dos años.
Esto se debió principalmente a las deflexiones y las fisuras en elementos como vigas, losas y escaleras. Esto a su vez obligó a que las infraestructuras fueran deshabitadas hasta que se corrijan estas deficiencias y así se salvaguarde a sus pocos ocupantes.
El equipo de auditoría constató las falencias en una inspección del 24 de enero de este año junto con las empresas, que fueron contratadas para esta obra y que posteriormente los contratos de dos de ellas fueron terminados unilateralmente. Esto ocurrió luego de que se realizó una consultoría a cargo del ingeniero Oswaldo Guerra. En su informe concluyó que hubo deficiencias en los diseños de varios elementos estructurales de Hospiplan.
También citó inadecuados procedimientos constructivos de la constructora y esto fue ratificado por la Contraloría.
Esto fue publicado en una investigación realizada por este Diario en octubre del 2017.
Durante el examen, los auditores comprobaron que hubo cambios en los diseños sin una base técnica y estas modificaciones se hicieron con el aval de las exautoridades de Yachay EP. Estas decisiones comprometieron las estructuras, desencadenaron en su paralización y posterior cierre.
Para el estudio de diseños, la construcción y la fiscalización de estos edificios se destinó USD 31,4 millones. Este valor no representa para el ente de control “una inversión técnicamente sustentada” y la califica de un perjuicio económico para la entidad.
También observa que los exdirectivos no tramitaron los recursos económicos necesarios para el cambio de diseños y de los materiales. Esto ocasionó la creación de rubros nuevos y, por ende, el incremento en el costo de la obra.
Hasta el 31 de diciembre del 2017 se registraron valores pendientes de pago por USD 7,7 millones. Este monto no contó con la autorización ni la certificación de disponibilidad de presupuesto.
Los trabajos de los edificios se iniciaron sin los planos aprobados y los permisos de construcción, los cuales debían ser tramitados en el gobierno municipal de San Miguel de Urcuquí (Imbabura).
La auditoría establece, además, que de acuerdo a la Ley Orgánica de Contratación Pública, la consultora Hospiplan es responsable por sus diseños hasta cinco años después de que se recibieron sus estudios.
Se encontraron siete errores, entre ellos están: la aplicación de cargas verticales exageradas, la existencia de pisos completos que no constan en los planos. También se observó el mal uso de la norma sobre peligro sísmico y deflexiones por la carga muerta.
La firma argumentó que sus estudios estuvieron bien realizados, sin embargo el consorcio fiscalizador HP.C., del cual forma parte Hospiplan, no proporcionó al equipo de control las memorias de cálculo y los planos estructurales de las modificaciones que se implementaron en la obra.
Por ejemplo: la estructura de soporte de una escalera del edificio de administración y gestión y la eliminación de los elementos estructurales en los laboratorios.
Si bien HP.C entregó un informe técnico para el reforzamiento general de vigas, que presentaron deflexiones excesivas y planteó soluciones a los inconvenientes, los auditores señalan que no realizó la supervisión debida. Tampoco se adoptaron medidas correctivas oportunas.
En cuanto a la construcción a cargo de ConEcuakor, se observa que se incumplieron especificaciones técnicas. Su gerente, Nelson Perugachi, explicó a este Diario, que como constructores dieron las alertas sobre los posibles problemas. Sin embargo, la respuesta siempre fue la misma “limítese a construir con base en los diseños”. Añadió que pidieron una solución, pero no podían parar, ya que podían ser declarados contratistas incumplidos.
