Actualmente, el juez provincial de Pichincha Vladimir J. y los vocales del Consejo de la Judicatura (CJ), Maribel B. y Juan José M. enfrentan un proceso penal por el presunto delito de tráfico de influencias.
El pasado 7 de junio, la Fiscalía les formuló cargos por ese delito, durante una audiencia en la Corte Nacional de Justicia. En esa diligencia, la Fiscalía detalló 40 indicios en contra de los tres procesados.
En esa lista de evidencias constan: oficios, memorandos, versiones, informes de reconocimiento del lugar de los hechos, el acta de recepción de testimonio anticipado de una testigo protegida, el peritaje que contiene la transcripción del audio de la grabación de una reunión en la que participaron los vocales del CJ procesados y tres jueces más.
La fase de instrucción fiscal o investigación pública durará 80 días. En ese tiempo, los agentes podrán recopilar más evidencias para determinar la inocencia o la culpabilidad de los imputados.
Por otro lado, el juez de la Corte Nacional de Justicia, Javier de la Cadena, dictó medidas alternativas a la prisión preventiva para ambos vocales del CJ y el juez provincial. Ellos deberán presentarse cada ocho días ante la Secretaría de la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia. Además, tienen prohibición de salida del país.
¿Por qué se les acusa a los dos vocales y al juez de tráfico de influencias?
La investigación de este caso inició en junio de 2022, luego de que un exasambleísta y un abogado denunciaran el hecho.
La acusación se sustenta con una grabación del 15 de junio del 2022. Ahí se escucha una conversación entre los vocales del Consejo de la Judicatura y el entonces presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Gustavo O.
Esa conversación se grabó durante una reunión que los vocales mantuvieron con tres magistrados, en un edificio del norte de Quito.
Ellos hablaron sobre una acción de protección interpuesta por la entonces presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, quien buscaba evitar que la destituyan de su cargo.
Según la grabación, los hoy vocales procesados le solicitaron directamente a Gustavo O., juez integrante del Tribunal, que falle a favor de la acción de protección de Llori, en el menor tiempo posible.
La grabación que consta en el expediente de Fiscalía
En el expediente de la Fiscalía consta que una de las juezas, que estuvo presente en esa reunión, decidió grabar, con su celular, toda la conversación con los vocales procesados.
Esa funcionaria judicial entregó el audio en Fiscalía y rindió un testimonio anticipado. Actualmente, ella se encuentra dentro del Programa de Protección a Víctimas y Testigos.
La jueza dijo, en su testimonio anticipado, que grabó la reunión porque no se sentía ni cómoda ni segura de lo que se iba a ocurrir en esa cita.
La defensa de los procesados
Maribel B. dice que jamás ha abusado de su cargo para influenciar sobre terceros en beneficio personal ni de otros. La abogada de la vocal también señala que el testimonio anticipado no es relevante y que debe ser corroborado con otras pruebas.
El vocal Juan José M. rechaza las acusaciones de Fiscalía. Él asegura que como “vocal principal del Consejo de la Judicatura siempre ha sido respetuoso de la Constitución y de la Ley. Además, he sido responsable y coherente en mis actuaciones con el país y con el órgano de gobierno de la Función Judicial”.
Por otra parte, el abogado del juez Vladimir J. sostiene que en el expediente no consta nada que revele que su cliente tenga participación en el delito de tráfico de influencias.
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