Fiscalía acusa a vocales de la Judicatura de presunto tráfico de influencias
Diana Salazar solicitó prisión preventiva y prohibición de salida del país para los involucrados en el supuesto delito. Foto: Fiscalía General del Estado
Los vocales del Consejo de la Judicatura, Juan José Morillo y Maribel Barreno, y Vladimir Jhayya, juez de la Corte de Pichincha, recibieron formulación de cargos este miércoles, 7 de junio de 2023 por un presunto tráfico de influencias.
La fiscal general del Estado, Diana Salazar, presentó alrededor de 40 elementos de convicción en contra de los funcionarios.
Los tres judiciales son acusados de supuestamente presionar a los magistrados de la Corte Judicial de Pichincha, para que faciliten el tratamiento de una acción de protección interpuesta por la exlegisladora Guadalupe Llori, con la que buscaba recuperar la Presidencia de la Asamblea en junio de 2022.
En la audiencia instalada, los dos vocales fueron señalados de ser autores directos; mientras que el juez de Pichincha fue considerado como cómplice del hecho.
Reunión grabada
Ante el juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Javier De la Cadena, la Fiscal detalló que Morillo, Barreno y Jhayya se reunieron el 2 de junio de 2022 con Gustavo Osejo, presidente de la Corte de Pichincha y una jueza de la Corte de Pichincha en una oficina ubicada en el edificio Almagro Plaza, en el norte de Quito.
El lugar del encuentro era un espacio particular de Juan José Morillo, quien en ese momento era presidente encargado del Consejo de la Judicatura.
La jueza de la Corte Provincial registró la reuión secreta con fotografías y grabaciones de video y audio. Según su testimonio anticipado, esto lo hizo por "proteger su seguridad".
Según detalló Salazar, en la grabación se evidencia como Morillo se dirije a Osejo, Jhayya y a la jueza involucrada y les señala que "recibió una llamada de Guillermo Lasso", en la que le pedía ayuda al Consejo de la Judicatura para que la acción de protección de Llori sea favorable y ocurra "en el menor tiempo posible".
En la transcripción leída por la Fiscal, la funcionaria dejó entrever como los involucrados buscan alternativas para decidir en favor de la exasambleísta.
El temor de los judiciales estaba en que la Asamblea Nacional tenga un nuevo Presidente y que esto genere desestabilidad en otras instituciones como la Judicatura y el Consejo de Participación Ciudadana.
Diana Salazar aseguró que en la conversación registrada se escucha como los vocales hablaban de "repartirse notarías" y de "quitarle un cargo público al familiar de un juez".
Una vez recibió el material comprobatorio, Fiscalía materializó las evidencias con Criminalística.
Medidas cautelares
Luego de las más de dos horas que duro la intervención de Salazar, la Fiscal solicitó medidas cautelares para los señalados.
"El objetivo de la solicitud es evitar que los funcionarios interfieran la investigación", comentó.
Para Morillo y Barreno se pidió prisión preventiva, mientras que para Jhayya, la prohibición de salida del país, además de una presentación periódica ante las autoridades y el uso de grillete electrónico.
El juez a cargo resolverá la solicitud sobre las medidas cautelares en un plazó máximo de 90 días.
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