Luego de que el exdefensor del Pueblo Freddy Carrión fuera sentenciado a tres años de cárcel por el delito de abuso sexual, la víctima de ese delito, Gabriela Peñaherrera, se refirió públicamente sobre este caso este 21 de octubre del 2021 durante una entrevista realizada por un canal de televisión.
Lo primero que dijo fue que ella es una “sobreviviente del abuso sexual”. Además, señaló que decidió hablar porque su “victimario por fin recibió su condena”.
Dijo también que ninguna pena “podrá repara el daño que le causaron”. Según la Fiscalía, la víctima sufrió secuelas físicas y psicológicas.
“Todo este caso destruyó nuestro plan de mi vida. Con Mauro Falconí teníamos pactado que el 16 de octubre de este año sería nuestro matrimonio, pero no se realizó, pues en esa fecha el juicio estaba en marcha”.
La mujer es pareja del exministro de Salud Mauro Falconí. El 16 de mayo del 2021, los dos se reunieron con Freddy Carrión en un departamento. Según las investigaciones, en ese lugar habría ocurrido el incidente violento contra Peñaherrera.
Como una medida de reparación, ella pidió que se coloque una placa en todas las dependencias de la Defensoría del Pueblo del país, con la siguiente leyenda: “Por la defensa de los derechos humanos y por las víctimas de violencia de género, ni un solo agresor más”.
El 20 de octubre del 2021, la fiscal general Diana Salazar se pronunció sobre esta sentencia. En su cuenta de Twitter dijo “trabajemos para lograr que un día, ojalá muy cercano, ninguna mujer sea tocada sin su consentimiento y que nuestros cuerpos no tengan que probar los abusos cometidos en nuestra contra. Nunca más tendrán la comodidad de nuestro silencio”.
La Fiscalía presentó al Tribunal 12 testigos, ocho peritos y siete pruebas documentales para acusar a Carrión de autor del ilícito.
Angélica Porras, abogada del exdefensor del Pueblo, aseguró que “este juicio y esta sentencia son políticos”. Además, aseguró que presentará una apelación a ese fallo judicial.
Según la abogada, las pruebas que presentó Fiscalía a los jueces no tienen un sustento y que no demuestran que su cliente haya cometido el ilícito.
Al mismo tiempo, Porras explicó que la defensa se encuentra activando un pedido de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).