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En ocho años se registraron 18 040 casos de tenencia y porte de armas en Ecuador

Tras el estado de excepción, en el país, la Policía y militares intensificaron los operativos de control de armas y municiones. Foto: Cortesía Fuerzas Armadas

Los soldados, vestidos con chalecos antibalas, cascos y fusiles, se movilizaron al sector de Urbina, en Tulcán, para ejecutar un control de armas, municiones y explosivos.

El jueves 21 de octubre del 2021, los uniformados revisaron una motocicleta que transitaba por esa zona encontraron 21 pistolas y 1 150 cartuchos. Los dos ocupantes del automotor fueron detenidos, pues no contaban con la autorización para portar legalmente ese armamento.  

Horas más tarde, personal de Fuerzas Armadas (FF.AA.) también incautó una pistola y tres alimentadoras de nueve milímetros dentro de un auto que circulaba por una calle de Manta, en Manabí.  

Dos días después de que se dispusiera el estado de excepción en el país para frenar la inseguridad, la Policía y FF.AA. han decomisado 32 pistolas y han detenido a 526 personas a escala nacional. La mayoría por el delito de tenencia y porte de armas de fuego.  

Ese ilícito se configura cuando una persona tiene guardado ese objeto en un determinado lugar o lo lleva consigo sin autorización. El artículo 360 del Código Integral Penal establece una sanción de seis meses a cinco años de cárcel por este delito.

Desde agosto del 2014, cuando entró en vigencia esa normativa penal, hasta septiembre pasado, las oficinas de Fiscalía abrieron 18 040 investigaciones por ese delito en el país. Seis provincias registraron la mayor cantidad de casos: Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro, Pichincha y Esmeraldas.

En ocho años, en el 34,1% de esas 18 040 causas no se llegó a una condena. Los procesados fueron declarados inocentes, los procesos fueron archivados o la Fiscalía dictó sobreseimiento; es decir, no acusó a los sospechosos.

Esto ocurrió porque según los agentes investigadores no encontraron evidencias suficientes para demostrar que los implicados cometieron el delito.  

Solo en 7 085 causas los imputados recibieron una condena. Eso representa un 39%. El resto de procesos reposan en la Fiscalía y se encuentran en diferentes etapas del proceso penal. Por ejemplo, 2 063 casos siguen en investigación previa, es decir en una fase reservada.  

Desde julio del 2020, dos personas son investigadas por el delito de porte de armas en El Oro. En su poder, tenían tres armas de fuego y cinco cartuchos de diferente calibre. En este caso aún no hay una sentencia en firme.  

Lo mismo ocurre con otra causa que se abrió en febrero del año pasado en Manabí. Durante un operativo, la Policía se incautó de seis pistolas y siete municiones. Hay dos personas señaladas por portar estas armas sin autorización legal.  

El abogado penalista Wilson Velástegui Contreras considera que existe una elevada cantidad de procesos judiciales por ese delito que no han llegado a una condena. Para el jurista ese hecho promueve que este ilícito se siga perpetrando en el país.  

Velástegui también considera que existe un “lento avance de estas causas en Fiscalía”. Una de las soluciones que propone el penalista es contratar más fiscales y agentes investigadores, para que los procesos no se queden represados.  

La Fiscalía también admite que se requiere más personal para evacuar las diferentes causas, no solo de porte y tenencia de armas sino también de otro tipo de delitos. En Ecuador hay aproximadamente 825 fiscales. Todos están saturados de expedientes y nuevas denuncias.  

Para el penalista Mauricio Pacheco debe existir una respuesta efectiva por parte del aparataje estatal en ese tipo de casos, pues el uso de las armas ha desatado una ola de inseguridad y delincuencia.  

Datos levantados por el Ministerio de Gobierno muestran que de enero a septiembre de este año se han registrado 1 753 muertes violentas a escala nacional. En el 2020, en el mismo periodo, hubo 929 homicidios y en el 2019 fueron 847.  

El 59,6% de esas muertes se perpetraron con armas de fuego, el resto con cuchillos u otros objetos.  

¿Cómo hacen las personas para obtener armas ilegales?  

Las investigaciones policiales que se han realizado hasta el momento apuntan a que las organizaciones delictivas se abastecen de pistolas desde el Perú

Al país llegan en piezas. Los denominados armeros se encargan de ensamblarlas. 

La Policía ha identificado que quienes se dedican a esa actividad están principalmente en Guayas, Pichincha, Esmeraldas, Carchi y El Oro. 

Agentes aseguran que las bandas adquieren las armas artesanales a USD 150. En cambio, una pistola comprada de forma legal y con documentos en regla puede costar USD 2 000. 

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