Quito es un paso común para el viaje ilegal de asiáticos a EE.UU.
El 16 de abril, la Policía ejecutó un operativo contra el tráfico de migrantes en Quito y Tulcán. Foto: José Mafla/ EL COMERCIO
En el oscuro bar ubicado en la Foch, una de las zonas de diversión de Quito, todo luce normal. Hay shawarmas y cervezas en las mesas de tres parejas, se oyen canciones de reggaetón y dos empleados conversan. El propietario, un hombre robusto de apariencia india, desconoce lo que ocurrió el 12 de agosto del 2013 en ese local.
“Yo, dueño hace un año. No saber de eso”, dice con un atropellado castellano. En ese bar, que lleva el nombre de una ciudad mexicana, la Policía halló 12 pasaportes extranjeros (seis de Nepal y seis de la India).
Ese día, los agentes ingresaron a otros tres restaurantes de orígenes árabe e indio. En uno de estos, también ubicado en la Foch, encontraron extranjeros hacinados en habitaciones del segundo piso del local.
Quito, por su ubicación geográfica, es un punto clave para el tráfico de migrantes, según expedientes judiciales a los que accedió este Diario. Desde la capital, redes criminales internacionales movilizan gente de la India, Nepal, Bangladesh y Pakistán a Ipiales (Colombia).
En los países asiáticos, las mafias trasladan a las víctimas vía aérea hasta Bolivia. En esa nación se inicia una tortuosa ruta irregular por tierra y mar que recorre Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Guatemala, México hasta pisar suelo estadounidense. El trayecto puede durar entre 60 y 100 días.
Un “gran porcentaje” de migrantes hace ese recorrido, pero también hay extranjeros que llegan de forma legal a Ecuador e inician el viaje a Estados Unidos, revela un agente policial.
Por tratarse de un fenómeno clandestino no hay datos de cuántos migrantes llegan a territorio estadounidense. Muchos son detenidos en Centro y Sudamérica y otros mueren en el camino. En el 2012, los cadáveres de siete indios fueron hallados en las costas de Turbo, en Colombia. Investigadores de ese país señalan que las víctimas ingresaron de forma irregular desde Ecuador.
¿Incide la actual política migratoria ecuatoriana en el tráfico de personas? Una investigación desarrollada por la académica Estefanía Calderón y publicada el 2014 en la Universidad Andina Simón Bolívar señala que “debido a que la información que posee el Gobierno del Ecuador es sumamente dispersa y limitada, no es posible definir” si hay una relación directa entre la eliminación de visas y ese delito.
En junio del 2008, el presidente Rafael Correa dispuso suprimir el visado para cualquier nacionalidad. Dos años después, el Gobierno revirtió la medida y exigió ese documento a nueve países: Afganistán, Bangladesh, Eritrea, Etiopía, Kenia, Nepal, Nigeria, Pakistán y Somalia. Las autoridades detectaron un “flujo inusual” de personas que llegaban de estos países y no descartaron que detrás de estos arribos pudiera haber casos de trata.
Pese a estas alertas, ciudadanos de la India todavía pueden ingresar sin visado al Ecuador por un lapso de 90 días y de eso se aprovechan las redes criminales, admite un agente.
Solo en el último operativo, ejecutado en abril pasado, la Policía rescató a 31 víctimas de origen indio en Quito y Tulcán.
22 876 personas de ese país ingresaron entre el 2008 y 2014 a Ecuador y 20 751 registraron su salida en los controles migratorios, según el INEC. Es decir, nadie sabe qué sucedió con los 2 125 extranjeros restantes.
En su estudio, Calderón advierte que “es evidente que hubo un grupo de extranjeros que permaneció en el país a partir de la medida adoptada; pero al no existir herramientas que permitan definir la razón de permanencia de estas personas, se dificulta comprobar cualquier hipótesis que explique el destino final de ese grupo migratorio”. Entonces no se conoce si esas personas continúan en Ecuador o utilizaron al país como vía para llegar a EE.UU.
Este Diario solicitó una entrevista con funcionarios de la Cancillería para conocer el impacto de la política migratoria, pero no hubo respuesta.
En Quito, las mafias utilizan hostales o alquilan inmuebles para alojar por unos días a los asiáticos. Los negocios aparentemente se concretan en locales de comida de la Foch y en parques, como en La Carolina.
Hay distintos roles que cumplen los integrantes de una red de trata. Unos son los denominados “guías”, extranjeros que viven en la capital y ya manejan el idioma. Se encargan de hacer los pagos en los hostales, de llevar comida a los migrantes, de contratar los taxis que movilizan a las víctimas desde Quito hasta Tulcán o de cuidarlos para que no salgan de las habitaciones.
El traslado a Ipiales se hace en la madrugada, cuando ya no hay controles migratorios rigurosos. Se conoce que en la frontera funcionan al menos 120 rutas clandestinas por las que pasan los migrantes.
En esa ciudad fronteriza operan los llamados “acompañantes”. Ellos son responsables de recoger y llevar a los migrantes a Cali, Medellín, Cartagena, Acandí y Turbo. Allí los extranjeros toman lanchas hacia Panamá, Costa Rica o Guatemala. Solo por el trayecto de Tulcán a Medellín, los coyoteros cobran USD 500 a cada extranjero. Cada mes movilizan entre 50 y 60 pasajeros.
Todo el viaje puede costar entre USD 5 000 y 15 000 y esos montos dependen de los riesgos de las rutas elegidas.
En el recorrido por suelo colombiano los sospechosos incluso pagan USD 100 a los paramilitares y a la guerrilla para que les permitan el paso.
Los integrantes de las redes mantienen contactos telefónicos permanentes entre Ecuador y Colombia y efectúan los pagos a través de empresas de envío y recepción de dinero. Para no ser descubiertos usan a terceras personas para cobrar los giros. El paso final es la falsificación de papeles en Centroamérica. Así viajan vía aérea a EE.UU. La Policía revela que quienes llegan incluso agradecen a los coyoteros...
