16 141 presos dejaron las cárceles de Ecuador desde el 2019 hasta septiembre del 2021. Todos se acogieron a la prelibertad o régimen semiabierto. Así lo señala un informe estadístico levantado por el Servicio de Rehabilitación (SNAI).
El Código Penal, vigente desde el 10 de agosto del 2014 (art. 698), otorga ese beneficio penitenciario a los internos que han cumplido el 60% de la sentencia. Pero también hay presos condenados con la anterior norma penal y ellos deben cubrir el 40% de la sanción.
Para obtenerla prelibertad, un detenido debe cumplir con actividades de inserción familiar, laboral, social y comunitaria. Además, deberá portar un grillete hasta que complete la pena.
La mayoría de presos, que accedieron al régimen semiabierto este año, estaban recluidos en cárceles de Guayas, Azuay, Cotopaxi, Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí y Pichincha.
Por ejemplo, Sergio salió en agosto de este año de la cárcel de Cotopaxi con prelibertad. Él fue sentenciado a siete años por una estafa, que se perpetró en el 2013. Fue sentenciado en el 2016 y fue juzgado con la normativa penal anterior.
Juan, en cambio, dejó la cárcel de Guayaquil en mayo de este año tras acogerse al régimen semiabierto. Él fue condenado a cinco años en el 2018 y hoy está en las calles. Permanece monitoreado por un grillete y tiene que presentarse periódicamente en una unidad judicial del Puerto Principal. Además, debe justificar que realiza actividades sociales y productivas.
Según el SNAI, este año hay 448 trámites pendientes de cambio de régimen penitenciario a escala nacional.
Cada solicitud debe ser aprobada o negada por un juez durante una audiencia. Para que se apruebe los interesados deben cumplir una serie de requisitos. Por ejemplo, el reo debe presentar un informe que detalle que tuvo buena conducta y no cometió faltas disciplinarias. Además, debe presentar un certificado sobre el tiempo de permanencia en la cárcel.
Un informe estadístico al que tuvo acceso este Diario muestra que actualmente existen 6 765 presos que ya cumplieron el 40% o 60% de pena y pueden acceder a la prelibertad. Esto representa el 17,4% de toda la población carcelaria. Actualmente hay 38 700 reos a escala nacional.
Para el director del SNAI, Bolívar Garzón, agilitar los trámites de prelibertad permitirá reducir el hacinamiento carcelario. Hasta septiembre de este año, la capacidad instalada del sistema penitenciario era de 30 000. Es decir que hasta ese mes había un hacinamiento es del 28% en los centros de rehabilitación social.
Por eso, Garzón aseguró que ha mantenido reuniones con el Consejo de la Judicatura y con jueces. La idea es que los magistrados agiliten los trámites de beneficios penitenciarios.
Marco Jurado, director de Inccadi (una fundación que apoya con asesoría jurídica a privados de la libertad), cuenta que desde el 2019 hasta lo que va de este año ha presentado 48 solicitudes de prelibertad, pero hasta el momento solo seis se han concretado.
La demora en estos procesos ocurre porque hay un déficit de jueces penitenciarios. El representante de la Función Judicial, Iván Saquicela, indicó que actualmente el número de jueces penitenciarios es mínimo.
“Este hecho no permite dar trámite en forma eficaz y oportuna a los beneficios penitenciarios, lo que causa el hacinamiento”, indicó Saquicela. Por eso, él considera que es necesario aumentar el número de magistrados especialistas en temas penitenciarios.
María del Carmen Maldonado, presidenta de la Judicatura, dijo en Ecuador hay 139 jueces que manejan casos de Garantías Penitenciarias. Sin embargo, solo 11 son especializados en ese tema y el resto son magistrados penales.