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La vulneración de los centros de acopio y patios de retención vehicular derivó en la apertura de una causa penal contra trece personas en la provincia de Guayas. El caso, originado por presunta manipulación de evidencias en Guayaquil, involucra a 10 servidores policiales en servicio activo, un agente en servicio pasivo y dos ciudadanos particulares, quienes habrían coordinado la sustracción ilícita y comercialización de bienes que se encontraban formalmente bajo custodia estatal.
Las investigaciones comenzaron el 8 de enero de 2026 mediante una investigación previa a cargo de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, Transnacional e Internacional (Fedoti).
El proceso se activó a raíz de un parte emitido por la Unidad de Intervención Investigativa de la Dinased, en el cual se alertaba acerca de la operatividad de una red dedicada a la alteración de indicios dentro del Centro de Acopio de Indicios y Evidencias de la Zona 8, presuntamente para favorecer a terceras personas.
Con el avance de las indagaciones, las denuncias incorporadas al expediente determinaron que varios miembros policiales participaban en la salida irregular y posterior venta de repuestos y automotores retenidos en los canchones de la urbe, así como de aparatos celulares resguardados en las bodegas oficiales.
Entre los episodios investigados se documentó la salida no autorizada de un automóvil que permanecía en el patio de Chongón tras un procedimiento por sustancias sujetas a fiscalización; dicho automotor fue comercializado por un valor de 12 00 dólares, transacción en la que el comprador identificó a uno de los sospechosos procesados por esta trama de manipulación de evidencias en Guayaquil.
Tras reunir indicios vinculantes, la autoridad judicial autorizó órdenes de captura que se materializaron el 30 de septiembre de 2026 mediante 16 allanamientos simultáneos, como se informó en este Medio en una nota periodística publicada el 30 de septiembre de 2026.
Las intervenciones se ejecutaron en sectores residenciales como Los Vergeles, La FAE, Alborada, Pradera y en los bloques multifamiliares de la Policía situados en la avenida Barcelona, en el noroeste de la ciudad. Durante las incursiones fueron aprehendidos los 13 implicados en la manipulación de evidencias en Guayaquil, levantándose como elementos probatorios diversos teléfonos celulares y documentación relevante para la causa.
En la audiencia de formulación de cargos se presentaron partes de aprehensión, versiones de los agentes, formularios de cadena de custodia, informes periciales, escuchas telefónicas, reportes de seguimiento y chats de WhatsApp.
El Juez de Garantías Penales dictó prisión preventiva para cinco investigados: los policías en servicio activo Luis Adolfo Y. S., David Darío O. B., Daniel Alexander B. F., Dixon Alejandro Ch. M., y el uniformado en servicio pasivo Wilmer Yamil A. C. Entretanto, para los policías en activo Daniel A. R., Estuardo A. A., Richard B. I., Jamil M. M., Erika T. C., Tommy E. Q., y los civiles Jhonny B. M. y Douglas G. M., se ordenó la prohibición de salir del territorio nacional y la presentación obligatoria los lunes y viernes ante el despacho fiscal.
El proceso judicial por la manipulación de evidencias en Guayaquil continuará en una etapa de instrucción fiscal fijada por un plazo de 90 días.
El trámite se fundamenta en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), cuerpo legal que sanciona la asociación ilícita con una pena de privación de libertad de tres a cinco años para quienes integren estructuras delictivas de esta naturaleza.
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