13 de August de 2011 00:02

Dos policías con acusación particular en el caso D. Peña

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Sonia Bonilla, madre del estudiante fallecido Damián Peña, presentó el jueves pasado una acusación particular en contra de dos policías. Para eso acudió hasta la Corte Provincial de Justicia del Azuay, acompañada por miembros de la Defensoría del Pueblo, Observatorio de Justicia y Derechos Humanos,

Bonilla, que desde hace nueve años que falleciera su hijo por impacto de una bala, pide justicia. La acusación presentó contra el capitán de Policía, Pablo I., de 32 años y del coronel Eduardo S., de 55 años. Ambos son investigados por presunta responsabilidad en el deceso de Peña.

El día que el adolescente falleciera -el 11 de enero del 2002- estaba en una protesta estudiantil en los exteriores de la Universidad de Cuenca contra el Gobierno de ese entonces. Cursaba el tercer año en el Colegio César Dávila Andrade.

Durante los enfrentamientos entre estudiantes y la Policía murió Peña. Su madre está segura que el proyectil salió del arma de un policía y que impactó en la cabeza del joven.

“Lo único que solicito es la verdad y justicia, nosotros hemos pedido esto durante todo el proceso”. Tras nueve años y medio de investigaciones por parte de la Fiscalía, el 1 de julio pasado se realizó la audiencia de formulación de cargos. En la diligencia, el fiscal Luis Idrovo acusó al capitán Pablo I., como supuesto autor del disparo. Y al coronel en servicio pasivo Eduardo S., como presunto encubridor. Pero el juez III de Garantías Penales, Jaime Vintimilla, dictó medidas cautelares para Pablo I., como la prohibición de salida del país y presentarse ante el Juez cada 15 días. Para Eduardo S. no dispuso nada.

Bonilla contó que la investigación de la muerte de su hijo pasó por otros cuatro agentes fiscales, y cree que ellos no iniciaron la instrucción por temor.

Además dice que durante estos años ha recibido amenazas por parte de agentes de la Policía. Por ello solicitó medidas cautelares a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El 5 de septiembre culmina la instrucción fiscal y los acusados deberán presentarse para iniciar el juicio. Según Bonilla, si el dictamen no cubre sus expectativas demandará al Estado ante organismos internacionales.

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