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La actuación de los equipos de auxilio y peritaje durante una diligencia judicial derivó en una medida de privación de libertad tras confirmarse la sustracción ilícita de valores en una escena bajo custodia. El caso de un policía procesado por hurto activó los procedimientos judiciales inmediatos de la Fiscalía, lo que culminó con el encarcelamiento provisional del uniformado luego de confesar ante sus compañeros de unidad que se había apoderado de una fuerte cantidad de dinero en efectivo, como se había informado en este Medio en una nota periodística difundida el pasado 28 de septiembre.
La Fiscalía General del Estado formalizó el inicio de una causa penal en contra del cabo segundo Juan Javier D. C., elemento en servicio activo que asistió en calidad de agente de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased) a una vivienda para intervenir en el levantamiento de un cadáver.
En ese lugar, el policía procesado se habría apoderado de aproximadamente 5 990 dólares en efectivo que pertenecían a la persona que fue hallada fallecida.
La falta de los valores económicos fue detectada oportunamente por una vecina del occiso, quien notó el faltante y alertó al resto de uniformados presentes en el inmueble. Al ser increpado directamente por los demás integrantes de su brigada, Juan Javier D. C. admitió que tomó los billetes bajo la justificación de que enfrentaba una urgencia familiar.
De igual manera, el funcionario reveló que había escondido todo el dinero sustraído debajo del asiento del vehículo patrullero que conducía durante el operativo.
Tras ser aprehendido en el mismo lugar de los hechos, el sospechoso fue puesto a órdenes de las autoridades para la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos. En la sesión, la Jueza de Garantías Penales acogió la solicitud motivada por el Fiscal de turno y dictó auto de prisión preventiva para el policía procesado, disponiendo su custodia carcelaria durante el tiempo que dure el proceso para garantizar su comparecencia.
Al existir elementos flagrantes y pruebas directas, la juzgadora resolvió que el expediente se sustancie mediante procedimiento directo, estableciendo una instrucción fiscal de 20 días. La audiencia de juicio quedó agendada para el próximo 14 de octubre a las 15:00, fecha en la que se dará a conocer la sentencia definitiva.
El cabo segundo es procesado por el delito de hurto, tipificado en el artículo 196 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), y podría recibir una pena mayor debido a la agravante del artículo 47, numeral 19, que sanciona cometer la infracción en calidad de servidor policial en servicio activo.
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