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En los primeros días del año el país ya acumula 30 muertes violentas

La comandante general de Policía, Tannya Varela (centro), realizó este 4 de enero de 2022 una evaluación de la situación de seguridad en el país. Foto: Cortesía Policía

La ola de asesinatos en Ecuador no se detiene. Según el titular de la Dirección Nacional de Delitos contra la vida, Muertes violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased) de la Policía, Erick Benítez, en los primeros días de 2022 el país ya acumula 30 muertes violentas y, aunque “muchas están relacionadas con el narcotráfico”, hay casos que salen del ámbito estrictamente criminal.

Benítez puso como ejemplo el caso de una mujer que ahorcó a sus dos hijos y luego se suicidó en la ciudad de Cuenca, en el sur del país. Las declaraciones las hizo el oficial durante una conferencia de prensa que se efectuó este martes 4 de enero en la cual la Policía realizó una evaluación de la situación de seguridad en el país durante el año pasado.

En su informe la Policía señaló que en 2021 se incautó de 210 toneladas de drogas y atribuyó a ese delito la espiral de violencia durante los últimos meses, expresada en la crisis carcelaria que dejó más de 300 personas privadas de libertad (PPL) muertas por enfrentamientos entre bandas que se disputaban el control de las cárceles.

La comandante general de Policía, Tannya Varela, explicó que de las 210 toneladas de drogas que se incautaron, 96 fueron decomisadas en Guayaquil, epicentro de la ola de violencia y donde Varela anunció el despliegue de unos 200 efectivos que estarán destinados, exclusivamente, a la investigación de crímenes.

La jefa policial dijo que el narcotráfico es la puerta de entrada para otro tipo de delitos y remarcó que Ecuador está en medio de dos países vecinos donde se origina parte del problema de seguridad. De Colombia, indicó Varela, vienen las drogas y desde Perú las armas, por lo que destacó la importancia de la cooperación internacional con esos y otros países de la región para atender todos los frentes abiertos en la crisis de inseguridad en el país.

Agregó que también el aumento de la demanda de sustancias psicotrópicas fomenta la violencia y el aumento del tráfico de drogas. Las autoridades ecuatorianas han ratificado que el país, donde no hay plantaciones para el procesamiento de drogas, es usado como territorio de tránsito por el narcotráfico, que suele enviar sustancias ilegales hacia Estados Unidos y Europa.

Varela ratificó el compromiso de las fuerzas policiales para el combate a la delincuencia y destacó los esfuerzos por aumentar la lucha contra el narcotráfico. Puso como ejemplo que “hace 10 años se incautaron apenas 18 toneladas de droga” y que ahora ha trepado a 210 toneladas, lo que ha generado un perjuicio a las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico que se calcula en 384 000 millones de dólares. “Nuestro problema es el narcotráfico y, mientras sigamos incautando la droga, posiblemente detengamos estos delitos”, añadió.

Varela aseguró que el 61,8 % de los asesinatos ocurridos en Ecuador el año pasado responden a la violencia criminal relacionada al narcotráfico y que fue ese fenómeno el que desencadenó la peor crisis carcelaria de los últimos tiempos que, además, “terminó por salir a las calles”, según afirmó. Explicó que del total de muertes violentas registradas en el país, el 73,9 % fueron cometidas con armas de fuego, cuyo porte está prohibido por la normativa interna, pero que son “las más usadas por las estructuras criminales” relacionadas con las drogas.

Comparó ese indicador con el 17,3 % de las muertes violentas causadas con armas blancas, cuyo porte no está tipificado como delito en el Código Orgánico Integral Penal. Por ello, aprovechó para exhortar a la Asamblea Nacional a aprobar leyes -que no fueron aprobadas el año pasado- como la del uso progresivo de la fuerza, criticada por grupos de derechos humanos que ven en ella un riesgo para las garantías civiles.

Asimismo, Varela se refirió a otros proyectos legales como el de Inteligencia, el de Violencia interpersonal con armas blancas y una ley de control para la institución policial.