Fortalecer a la fuerza pública y el combate a narcos, retos de Lasso

Militares en carros y vehículos blindados reforzaron la seguridad en zonas cercanas a Montecristi. Foto: Archivo / EL COMERCIO

Tras los 100 días del Gobierno, la instalación de radares para detectar narcoavionetas es una de las estrategias que ya se ejecutan para combatir el narcotráfico y el crimen organizado.

El régimen puso en marcha la ubicación de uno de estos dispositivos en el cerro de Montecristi-Manabí.

Cuando asumió el mando, el presidente Guillermo Lasso recibió un informe del Ministerio de Defensa en el que se identificaban zonas que estaban fuera del alcance de las antenas de vigilancia. Por eso ordenó la instalación de los equipos que vigilarán Santa Elena y Manabí, especialmente, los terrenos de la Refinería del Pacífico en donde han aterrizado avionetas con dinero y armas.

Los últimos informes policiales y militares indican que el aumento de la inseguridad y las muertes violentas tienen relación con las actividades narcodelictivas.

Solo en el último fin de semana, ocho personas fueron asesinadas a tiros en Guayaquil. Todas las víctimas tenían relación con actividades narcodelictivas. Otros homicidios se registraron en más provincias. De enero a julio de este año se contabilizan 1 229 muertes violentas. Un número superior a las 702 víctimas registradas en ese periodo en el 2020.

El Gobierno plantea fortalecer a la Policía y a las Fuerzas Armadas para combatir a la delincuencia y resguardar las fronteras para “detener la amenaza del narcotráfico y otros delitos”. La idea es poner “más personal, capacitación, entrenamiento adecuado y equipamiento para la fuerza pública”. Además, se incrementará el nivel técnico y científico de los uniformados.

Se quiere parar la violencia. El sábado, en el balneario de Montañita, en Santa Elena, cinco desconocidos que se movilizaban en motos dispararon y mataron a dos hombres.

Un día antes, en Quevedo (Los Ríos), un joven murió tras recibir 24 impactos de bala. Él tenía antecedentes penales por microtráfico.

En documentos oficiales se indica que las organizaciones delictivas buscan el control de las rutas de la droga, que proviene de Colombia, y que sale a Europa y Norteamericana por puertos ecuatorianos. En reportes a los que accedió este Diario, también se señala la presencia de “emisarios” de los carteles Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, que buscan apoyo de las bandas locales para controlar el envío de drogas.

Por eso, el Gobierno trabajará en una cooperación internacional. Se coordinarán acciones con las policías de los países vecinos y con los organismos internacionales que laboran en estas áreas de la seguridad.

El ministro de Defensa, Fernando Donoso, indicó que se han incrementado los patrullajes en la frontera norte y se ha ordenado mayor presencia de buques de la Armada Nacional en las costas. Pero aclaró que hay más por hacer. “En puertos se necesita más tecnología”, para detectar contenedores con droga.

Lasso ya se había referido al problema de la inseguridad antes de llegar al Gobierno. En su plan de trabajo, de 77 páginas, califica a este problema como “uno de los más complejos y amplios” e identifica las principales causas para su aumento. Entre ellos constan las falencias en el sistema de rehabilitación.

En estudios realizados por el Gobierno se identifica que las bandas narcodelictivas operan desde las cárceles. En la administración de Lasso hubo ya dos masacres. En julio murieron 22 presos en la Penitenciaría del Litoral y en la Cárcel de Cotopaxi. El 13 de agosto, otro enfrentamiento entre internos dejó seis muertos en Quevedo.

Como acciones inmediatas se cambió la cabeza del Servicio de Rehabilitación; y el Gobierno ofreció USD 75 millones de inversión para mejorar la tecnología y la seguridad en los centros, para aumentar el ­número de guías, adecuar espacios para presos de máxima peligrosidad y arreglar los destrozos que se generaron en los motines de los internos.

El Gobierno también entregará más presupuesto a la Fiscalía General del Estado para “dar mayor tecnificación a las investigaciones penales”. En cuanto a la violencia en las calles, se levantará un mapa de riesgos. La intención es identificar las zonas del país donde se perpetran más robos, asaltos y homicidios.

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