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Masacres en cárceles; la mayoría de presos no tiene condena

Un contingente policial custodia la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, tras un nuevo hecho de violencia que se registró el 5 de octubre. Foto: EL COMERCIO

Decenas de familiares han acudido a los exteriores de la Penitenciaría de Guayaquil y de la cárcel de Cotopaxi para averiguar si sus seres queridos estaban en la lista de fallecidos o heridos. En ambos centros de privación de libertad se perpetraron sendas masacres en los últimos tres días.

Por ejemplo, el pasado 3 de octubre, Paola R., quien fue a pedir información de su esposo, dijo que él fue recluido en ese centro por conducir a exceso de velocidad. Ella tenía en sus manos la orden de excarcelación desde la noche del lunes 3 de octubre. Pero cuando fue a tratar de sacarlo ya había ocurrido la matanza. “Él no es un criminal”, dijo entre lágrimas.

Precisamente estas matanzas ocurrieron en dos de las cárceles más pobladas del país. En la Penitenciaría del Litoral hay 6 851 personas privadas de libertad. 

Pero no todos los internos están recluidos allí con sentencias. De hecho, 93,7% son personas que tienen orden de prisión preventiva. Es decir, están dentro de un proceso judicial y aún no se ha demostrado su culpabilidad

Además, en la Penitenciaría de Guayaquil no solo hay personas señaladas por cometer delitos sino también hay 63 personas detenidas por no haber cancelado pensiones alimenticias. 

Una situación similar ocurre en la cárcel de Cotopaxi. De los 4 208 presos, el 87% aún es procesado penalmente, 454 personas sí cumplen una condena y 92 personas están detenidas en ese lugar por no pagar las pensiones alimenticias o por haber cometido una contravención de tránsito.

Por ejemplo, el 4 de octubre pasado, Carmen Q. acudió a buscar desesperadamente a su hijo de 21 años. Él está preso en la cárcel de Cotopaxi por un siniestro vial. Su pena es de 45 meses y ya ha permanecido 18 meses en prisión.

Familiares piden información en los exteriores de la cárcel de Cotopaxi, tras los actos de violencia que se registraron en dos días. Foto: EL COMERCIO
Familiares piden información en los exteriores de la cárcel de Cotopaxi, tras los actos de violencia que se registraron en dos días. Foto: EL COMERCIO

Las masacres carcelarias

Los últimos hechos de violencia ocurrieron en dos ciudades diferentes. El 3 de octubre pasado, 16 privados de la libertad fueron asesinados y 43 resultaron heridos en la cárcel de Cotopaxi. Por otra parte, la Fiscalía confirmó la muerte de 13 internos de la Penitenciaría del Litoral. Además, cinco policías y 18 presos sufrieron heridas. Ellos fueron trasladados a centros de salud para ser atendidos.

Esa entidad abrió de oficio una investigación para esclarecer ese nuevo incidente violento. Las primeras pesquisas señalan que la causa fue un enfrentamiento entre miembros de bandas delictivas.

Se habría producido una balacera entre los pabellones dos y tres, contra los reos del pabellón nueve. Se conoce que en esos sitios están recluidos miembros de los Chone Killers, Águilas y Los Lobos.

Alrededor de 412 policías y 500 militares tuvieron que intervenir para retomar el control de ese centro carcelario. Por eso, el jueves 6 de octubre ya se pudo hacer el levantamiento de los cuerpos y Fiscalía dispuso que sean trasladados a Criminalística para realizarles las autopsias médico-legales y para identificarlos.

Tras los incidentes violentos en la Penitenciaría, el Sistema Nacional de Atención Integral a Privados de la Libertad (SNAI) decidió reprogramar el censo penitenciario, que estaba previsto ejecutar este mes en las cinco cárceles que hay en Guayas. Aún no hay fecha para reanudar el proceso.

Con lo ocurrido en Guayaquil ya suman nueve matanzas carcelarias registradas entre 2021 y 2022, en cuatro ciudades. Estadísticas del SNAI muestran que en esos dos años han muerto 386 personas en esos hechos de violencia.

Los familiares de Leandro Norero esperan la entrega del cuerpo, en el Centro Forense de Ambato. Él murió en la cárcel de Cotopaxi. Foto: EL COMERCIO

Persisten las matanzas

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera que “los altos niveles de violencia y corrupción dentro de las prisiones responden al abandono estatal del sistema penitenciario desde hace años, así como a la ausencia de una política criminal integral”.  Otra causa es el ingreso de objetos prohibidos. El jueves 6 de ocutre, la Policía decomisó en la Penitenciaría un fusil, tres pistolas, 1 315 municiones, 45 armas cortopunzantes y droga.

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