10 de July de 2012 00:03

‘El estar en la lista negra es algo que afecta a Ecuador en su imagen’

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Entrevista a Diego García, procurador General  Estado

El Procurador dice  que Ecuador ha  realizado  avances   para frenar el lavado y el financiamiento del terrorismo.

El 22 de junio, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) decidió que el país pase a la lista negra y consideró a Ecuador como un país susceptible a lavado de dinero. ¿Qué acciones tomará la Procuraduría?

La decisión que el GAFI tomó no responde a la realidad del avance en el Ecuador en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. El Ecuador ha sido ubicado en una lista en la que les corresponde estar a los países que no han cooperado o no han hecho esfuerzos para mejorar sus estándares de control del lavado de activos y financiamiento del terrorismo y esa no es la situación del país.

¿Cuál es la situación?

Ecuador ha realizado avances consistentes en los dos últimos años. El primer avance importante es el de la ley para reprimir el lavado de activos, que se dictó en el 2010. En ese proyecto ya se incorporó al lavado como un delito autónomo, se incluyeron nuevos sectores de la economía como controlados en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Lo que no se hizo en la reforma del 2010, no porque no hubiera sido planteado, sino porque la Asamblea lo decidió, fue tipificar adecuadamente el financiamiento del terrorismo.

¿Qué contenía el proyecto originalmente presentado?

El proyecto que presenté ante el Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos contenía una disposición que describía lo que es el financiamiento del terrorismo, es decir, desarrollaba el tipo penal. En ese momento, la Asamblea consideró que esa descripción no era adecuada y prefirió mantener el financiamiento del terrorismo bajo el concepto de financiamiento de delitos con relación a los que están previstos hasta ahora en el Código Penal.

Usted mencionó que la Asamblea no incluyó esa tipificación para evitar persecuciones. ¿A qué se refiere?

Algunos sectores discutían no por tipificar el terrorismo o el financiamiento, sino por la terminología utilizada, porque el financiamiento del terrorismo de acuerdo al estándar internacional es un tipo que está relacionado con actividades de financiamiento más allá de si se ejecuta o no un acto terrorista. Lo que dice el estándar internacional de acuerdo con los convenios que el Ecuador ha suscrito, es que no importa para qué venga el dinero, si es que viene de una organización terrorista. Entonces el tipo penal tiene una visión muy alta y eso generó preocupación.

¿Cuál es la realidad en cuanto al lavado de activos? El último informe del GAFI señalan que al menos USD 2 028 millones estarían circulando por el país de manera inusual...

La cantidad es imposible determinarla, porque lo que nosotros podemos identificar son las operaciones inusuales y no hay que confundir con las operaciones no justificadas con el delito de lavado como tal. Sé que hay 40 reportes de operaciones inusuales en el último año por la información que ha dado la Unidad de Análisis Financiero. Para saber qué cantidad de dinero se ha lavado debe haber un juzgamiento y una sentencia que todavía no existe.

De enero del 2008 a noviembre del 2011, la Unidad de Lavados de Activos de la Policía (ULA) registró 425 casos de presunto lavado de activos. El 31% de ellos (158 casos) pasó a instrucción fiscal, es decir, se convirtió en un proceso penal. Y solo el 3% (14 casos) recibió sentencia. ¿Cómo actuar frente a la falta de sentencias?

Una de las cosas que se está haciendo en estas reformas es aclarar el proceso y la descripción del delito, porque al haber puesto cierta terminología como la palabra “fehacientemente” dentro del tipo penal del lavado de activos se pensó que eso generaba un aumento en la necesidad de la demostración de la comisión del delito generando como una contradicción con su autonomía, que le da la propia ley. Hay que corregir ese error. En el reporte de operaciones inusuales no hay un juzgamiento por eso no hay una pruebas de parte del Estado.

¿Por qué pese a las alertas del GAFI, Ecuador se demoró en tipificar el financiamiento al terrorismo?

Porque el proceso legislativo ha sido complicado. El proceso de aprobación de la ley del 2010 tuvo algunas críticas durante su desarrollo. Nosotros, como Consejo Nacional de Lavado de Activos, presentamos un proyecto que fue modificado en la Asamblea y algunas de las disposiciones que nosotros planteamos no fueron aceptadas. Volver a plantear un nuevo proyecto de ley que insista en los mismos términos es complicado. Hay que convencer a la Asamblea por qué se está presentando un proyecto que ya se discutió. Ya no es tanto la preocupación de si se aprueba, sino en cuánto tiempo concluirá.

El ex director de la UAF, Gustavo Iturralde, fue el primero en dar las alertas de que posiblemente pasaríamos a una lista negra. ¿Cuál es la verdadera razón del pedido de su renuncia?

El abogado y cualquier persona que ocupe la dirección de la UAF conoce que este es un cargo de libre remoción. Eso sucede periódicamente y en el caso de Iturralde su salida responde a la necesidad de encargar estas funciones a alguien que tenga mayor conocimiento en esta materia y que su línea de acción esté en armonía con la línea que lleva el presidente del Consejo Nacional contra el Lavado de Activos.

¿Qué significa para el ciudadano común y corriente que el país ingrese a la denominada lista negra?

Más que para el ciudadano, para el Estado tiene una connotación negativa. El estar en la lista negra junto con o por lo menos bajo el título de países que no cooperan en la lucha contra el lavado de activos es algo que afecta al país en su imagen. En cuanto a la operatividad del sistema financiero ecuatoriano frente al sistema financiero internacional, en principio, yo aspiro a que no haya efectos directos. Creo que el sistema financiero internacional puede conocer la realidad del Ecuador a través del informe que presentó al pleno del GAFI el Grupo de Revisión Regional de las Américas. En ese informe se ve con objetividad cuáles son los avances del Ecuador y las mejoras en materia normativa y operativa.

Usted dice que aspira a que no haya efectos directos, ¿cuáles podrían ser estos?

Cuando el sistema financiero interactúa entre un país y otro se pide el cumplimiento de requisitos de documentación que respalde la seguridad de la operación. Esos requisitos pueden aumentar, pero no necesariamente podría ocurrir y no en la medida en que entorpezcan el normal desenvolvimiento del sistema bancario y comercial del país.

¿El movimiento del dinero, calificado como operación inusual, puede ser hasta un colchón de la economía?

Si se reporta como operación inusual no es que necesariamente sea producto de un delito.

HOJA DE VIDA

Su experiencia.   En enero del 2011, el Consejo de Participación Ciudadana  nombró a   Diego García  como procurador general para  cuatro años. Preside   el Consejo Antilavado.


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