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Desde USD 240 cuesta sacar en libertad a un detenido

Militares durante una guardia en las puertas de la Penitenciaria del Litoral. Foto: Enroque Pesantes / EL COMERCIO

A Fernando (nombre protegido) le llamó su hijo desde la Penitenciaría del Litoral a decir que estaba a un mes de cumplir la sentencia de un año que recibió por poseer una cantidad de droga mayor a la permitida, aprovechó la llamada para pedir que inicie los trámites para liberarlo.

Lo primero que hizo fue ir al centro de Guayaquil, donde quedan los Tribunales y contratar los servicios de uno de los abogados que pululan en el sector para que le haga un escrito en el que solicite al juez de garantías penales la liberación de su hijo, por cumplimiento de condena.

Pagó USD 80 por el servicio, que incluía el inicio del trámite en el juzgado.

Debió introducir una nueva solicitud, pero esta vez el abogado le exigió USD 100 con el pretexto de que debía “aceitar el pedido”, sin dar más detalles.

La boleta de excarcelación salió el 25 de noviembre, al día siguiente de que se cumplió la condena.

Allí comenzó otra batalla por la liberación de su hijo.

La persona que lleva las boletas de libertad hasta los centros de detención es conocida como el “tarjetero”. Un abogado, esta vez de los que están cerca del complejo carcelario al norte de Guayaquil, le dijo que le tramita la libertad por USD 80, Fernando peleó el precio y lo contrató por USD 60.

A las cinco de la tarde, su hijo salió de la cárcel. Por su libertad, su padre pagó en total USD 240, el 60% de un salario básico unificado en Ecuador, el que solamente ganan un 32% de personas en edad de trabajar.

Fernando es albañil y cobra por obra o USD 20 dólares diarios por cualquier trabajo, también entiende de plomería y electricidad.

Eso, sin contar lo que gastó en transporte, alimentación y copias, que habrán sumado otros USD 45 a la cuenta. Tampoco se incluyen los USD 80 mensuales que pagaba por alimentación y protección d su hijo dentro de la prisión.

“Por un hijo, cualquier esfuerzo”, dice Fernando, que comenta que utilizó un dinero que tenía ahorrado y pidió prestado para sacar de la cárcel a su hijo.

Los casos en los que más se paga y más rápido se obtiene la libertad son los de personas de ingresos económicos altos que, por lo general, contratan a un abogado de confianza que se encarga de hacer todo el trámite, hasta obtener la liberación.

Organizaciones de Derechos Humanos señalan que este tipo de gastos adicionales son comunes entre los familiares de los detenidos y que, en muchas oportunidades, pueden llegar a duplicarse o triplicarse.

Señalan que el sistema es especialmente perverso con personas jóvenes y pobres.

“El sistema penitenciario está plagado de jóvenes, es clasista y racializado”, señaló la Fundación Dignidad, que trabaja por años con personas privadas de la libertad.

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