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Las decisiones de la administración de justicia sobre las salas especializadas en delitos graves abrieron un proceso de control político en la Asamblea Nacional. Con una resolución avalada por la mayoría de asambleístas, los asambleístas dispusieron investigar la modificación de juzgados anticorrupción dispuesta por el Consejo de la Judicatura, con miras a transparentar los criterios técnicos y administrativos aplicados en dicha reorganización.
La iniciativa fue respaldada con 85 votos afirmativos por los bloques de Acción Democrática Nacional (ADN), sus aliados y el Partido Social Cristiano (PSC) durante la sesión del Pleno.
El asambleísta Xavier Ordóñez, proponente de la moción, sustentó que suprimir o reestructurar dependencias judiciales especializadas en el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado no es un asunto menor. Ordóñez puntualizó que la Función Legislativa debe requerir las explicaciones pertinentes y analizar los informes de sustento conforme a sus atribuciones legales.
El proceso investigativo fue encargado formalmente a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Esta delegación examinará la resolución emitida el 7 de septiembre de 2026 por el Consejo de la Judicatura, revisando los documentos, antecedentes e informes técnicos de viabilidad que justificaron la supresión y reubicación de los despachos especializados, además de revisar el cumplimiento del trámite legal ordinario para su aprobación.
En el desarrollo de sus tareas, la Comisión de Justicia podrá requerir documentación e informes técnicos complementarios a las instituciones vinculadas.
De igual manera, los comisionados tienen la potestad de convocar a comparecer a autoridades, servidores públicos, delegados institucionales, juristas y especialistas para contrastar los elementos que motivaron las resoluciones emitidas.
El procedimiento se ampara en la atribución constitucional del Parlamento para fiscalizar las actuaciones de las funciones del Estado y en el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, aplicable ante actuaciones públicas que motiven conmoción ciudadana.
Una vez concluida la fase de recepción de información y descargos, la comisión legislativa presentará ante el Pleno de la Asamblea Nacional un informe consolidado con las conclusiones, observaciones y recomendaciones correspondientes.
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