¡Entérate primero con El Comercio! Nuevo
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y recibe noticias al instante, directo en tu celular.
Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
La reestructuración del sistema judicial ecuatoriano abrió un debate institucional tras los cambios aprobados por el órgano rector de la Función Judicial este viernes 11 de septiembre de 2026. Ante los cuestionamientos surgidos a escala nacional e internacional, la presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo Aldaz, ratificó que los jueces especializados en delitos de corrupción y crimen organizado no pierden sus facultades legales y conservan su competencia en todo el territorio ecuatoriano con sede en la capital.
La titular de la Judicatura descartó que la resolución signifique un retroceso o debilitamiento en las investigaciones contra estructuras delictivas. Según explicó Caicedo, la decisión adoptada no elimina a los magistrados ni extingue el juzgamiento de estos ilícitos, sino que modifica y suprime competencias administrativas al fusionar dicha sala con los juzgados penales de la Unidad Judicial de Iñaquito y la Corte Provincial de Pichincha.
Con esta medida, la capacidad de atención para procesar casos penales y de crimen organizado se ampliará al integrar a los administradores de justicia en un solo bloque operativo.
La titular del organismo justificó que la medida se fundamenta en la declaratoria de emergencia en la Función Judicial y en las limitaciones presupuestarias que afronta la entidad.
Caicedo detalló que en 2026 el presupuesto asignado se situó en 352 millones de dólares (con un techo fijado en 362 millones de dólares), pero para el ejercicio fiscal 2027 los requerimientos ascienden a 445 millones de dólares.
Esta brecha genera un déficit proyectado de 83 millones de dólares para el próximo año, lo que impide contratar el personal requerido de forma inmediata y obliga a redistribuir el talento humano existente para atender las demandas de los usuarios.
El sustento técnico de la reorganización se apoya en los registros de causas tramitadas. De acuerdo con los datos presentados por la Judicatura, la dependencia especializada operaba al 18% de su capacidad con 484 procesos en trámite, frente a las unidades penales ordinarias que sobrepasaron su operatividad al 100% y acumulan más de 5 300 expedientes pendientes.
La funcionaria expuso que entre 2021 y 2024 la sala especializada conoció cerca de 6 000 trámites, pero alrededor de 3 000 correspondieron a inhibiciones y 3 698 a actos urgentes.
Con la integración de los 19 magistrados anticorrupción y los cerca de 30 de las salas penales, un equipo superior a 50 jueces asumirá el conjunto de las causas para evitar que delitos graves queden sin resolución.
Respecto a los litigios en curso, la funcionaria garantizó que las audiencias que ya están instaladas o con señalamientos pendientes continuarán bajo el conocimiento de los mismos magistrados hasta la emisión de sus resoluciones definitivas.
En paralelo a la reestructuración, la Judicatura identificó un déficit global cercano a los 900 jueces a escala nacional.
Para mitigar esta carencia, se priorizó la cobertura progresiva de 222 plazas con presupuesto asegurado, además de alistar la designación de cinco conjueces temporales y el concurso de méritos y oposición para la Corte Nacional de Justicia, pendiente de la veeduría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
La reforma administrativa generó pronunciamientos de organizaciones externas de derechos humanos. Margaret Satterthwaite, relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y fiscales, recordó que los Estados tienen la obligación de dotar de recursos y capacidades necesarias a los tribunales, respetando las garantías frente a injerencias.
Por su parte, Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, consideró que la medida resulta contraria a la lucha contra el crimen organizado al advertir que desarticular estas bandas exige robustecer y proteger a jueces especializados e independientes.
Ante esto, Caicedo atribuyó las objeciones a desinformación y sostuvo que el Consejo se encuentra abierto a la fiscalización de sus actos.
Más información sobre jueces anticorrupción
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y recibe noticias al instante, directo en tu celular.