El primer mandatario, Guillermo Lasso, firmó el Decreto Ejecutivo 210 con el que declaró el estado de excepción en todos los centros de privación de libertad.
El documento firmado la tarde de este miércoles, 29 de septiembre del 2021, señala que la decisión se tomó por la “grave conmoción interna”.
La medida regirá durante 60 días y se fundamenta en las circunstancias que han afectado “gravemente los derechos de personas privadas de la libertad, del personal del cuerpo de seguridad penitenciaria, de miembros de la Policía Nacional, en especial sus derechos a la integridad personal y a la vida”.
Uno de los objetivos que busca la declaratoria es controlar las circunstancias que han alterado el funcionamiento del sistema penitenciario, reestablecer la convivencia pacífica, el orden y el normal funcionamiento de estos”.
El documento también señala que la movilización y participación de la Policía y los militares tendrá como objeto “reforzar y restablecer el orden y control interno de todos los centros de privación de la libertad; reforzar la seguridad interna y perimetral de los centros de privación de la libertad, las vías y zonas de influencia”.
Su participación será coordinada con el Servicio de Rehabilitación Social (Snai).
Además, se dispuso la suspensión del derecho a la inviolabilidad de correspondencia, y la libertad de asociación y de reunión de los presos.
El Decreto pide al Consejo de la Judicatura que en un plazo no mayor a 10 días informe sobre el uso de la prisión preventiva en los procesos penales iniciados desde el 2019, y las acciones tomadas para garantizar de que sea una medida de ultima ratio.
Lasso dispuso al Ministerio de Economía que provea los recursos suficientes para atender al estado de excepción.
La medida se tomó luego de que el Servicio de Rehabilitación Social confirmara que al menos 100 presos murieron en los enfrentamientos producidos desde la mañana del martes 28 de septiembre.