6 de August de 2011 00:02

Los juzgados penales de Guayas están desbordados por miles de procesos...

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Torres de carpetas de cartón descoloridas, hojas de papel periódico cosidas con hilo y agujeta, archivadores con bordes oxidados y una computadora del año 2007 ocupan una de las 19 secretarías de los juzgados de lo Penal del Guayas, ubicados en Guayaquil.

El segundo piso de la Corte Provincial de Justicia, en el centro de la ciudad, está destinado para los jueces de esta especialidad. Los cubículos se distribuyen a ambos lados de los pasillos. Para acceder, el usuario pasa primero por los departamentos de archivo.

Allí el panorama no es muy diferente. Los folios están en anaqueles metálicos y en el piso de cerámica. Sobre pedazos de papel escriben el año de ingreso de cada pilo de carpetas para ‘organizar’.

Aproximadamente 3 000 casos llegan al año a cada Juzgado Penal en el Puerto Principal. Para la presidenta de la Corte Provincial del Guayas, María Leonor Jiménez, “esto es demasiado”. Se basa en que, según cánones internacionales, al año cada juzgado debería recibir de 300 a 400 causas.

Además explicó que “las cosas se agravan” cuando pasan a segunda instancia porque solo hay tres Salas de lo Penal en la provincia. En estos despachos llegan unos 1 200 procesos al año, de los cuales se despachan unos 900. “¿Quién puede hacer bien las cosas cuando tienen demasiado trabajo y premura de resolver?” alegó a favor del aumento de salas.

El trabajo en estos Juzgados de lo Penal también aumenta por las denuncias receptadas en los Juzgados de delitos flagrantes, ubicados en la Fiscalía de la Policía Judicial (norte de la urbe). Luego de recibir los casos, estos van a sorteo para enviarlos a los juzgados.

En el Juzgado Segundo de lo Penal cayó hace dos meses una demanda por atentado contra la vida de Luis S. Al joven de 20 años le perforaron el intestino grueso con un balazo. Como el incidente pasó un sábado, sus familiares pusieron de inmediato la denuncia en un Juzgado de Flagrancia.

Sin embargo, la fecha de audiencia quedó para seis semanas después de que hirieran a Luis. Por falta de pruebas esta fue cancelada hasta ayer (a dos meses del altercado). Grismalda V., tía del afectado, buscaba desesperada un abogado público que patrocinara al presunto agresor de su sobrino en una audiencia.

“Es que si no tiene defensor cancelan la audiencia y nuevamente no habría una boleta de captura”, dijo. Lo que preocupa a la mujer es que atenten contra la integridad de Juan hasta una tercera audiencia. “Cuando pensaba que lo había matado gritaba que no se arrepentía, ahora que sabe que se está mejorando, dice que si lo ve lo mata”, contó la mujer.

La lentitud de los procesos penales tiene consecuencias graves, que cientos de detenidos salen en libertad al año por falta de sentencia. No hay cifras oficiales de cuántos corresponden a Guayas.

Según la Presidenta de la Corte, el año para la caducidad es insuficiente. “Nos echan a los jueces la culpa de que salen los presos sin sentencia, pero hacemos lo que se puede. Hay jueces de las salas que pagan de su bolsillo a asistentes para que los ayuden con los procesos. Redactando, ordenando los folios. “Los jueces tienen que recibir cuantas causas les sean sorteadas por año. Son tres salas y hay 29 juzgados penales en toda la provincia, intelectualmente no es posible cumplir con todo”.

La celeridad con la que se fijan las audiencias también depende del sistema informático, según Regina Chávez, asistente judicial del Juzgado Octavo de lo Penal. Esta semana la funcionaria ingresaba notificaciones en una computadora del Juzgado Primero.

Su computadora no enciende. Pero lo peor es que cuando se va el sistema no pueden hacer nada. Chávez explicó que cualquier decisión del Juez debe estar registrada en el programa. Hace dos semanas no sirve el correo electrónico. “Toca ir por cada escritorio copiando archivos en un ‘pendrive’, eso quita tiempo”.

Para el presidente de la Federación de Asociaciones de Judiciales del Ecuador (Fenaje), Ángel Rubio, la reestructuración del sistema judicial le da una “esperanza de que esto mejore”. El funcionario sugirió que se realice un análisis para aumentar el número de juzgados y salas; y así eliminar la sobrecarga de trabajo.

Sin embargo, la infraestructura del Palacio no da para una ampliación. Ante esto el Presidente de la Fenaje sugirió que se construyan nuevas edificaciones en tres terrenos, ubicados en la misma cuadra, que fueron expropiados hace 20 años.

Los funcionarios también se quejan de la falta de personal. Ese es el caso de Inés Aguirre, secretaria del Juzgado Décimo Noveno de lo Penal. En su pequeño cubículo tiene folios de años pasados. Sosteniendo una carpeta del 2009 explicó que lo tiene porque no hay quién lo lleve a archivar. Hace siete años, cuando comenzó a trabajar en ese puesto pidió en innumerables ocasiones que asignen a su juzgado un oficial mayor y un encargado de archivo pero “hasta hoy nada”.

El año pasado le asignaron a ese Juzgado 2 276 casos, de los cuales se atendió“la mayoría”, según la secretaria. Además de los casos por asaltos, asesinatos e intentos de asesinato... también reciben desestimaciones.

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