Un juez dictó medidas cautelares en el caso Triple A, este lunes 16 de diciembre de 2024.
En este caso, Fiscalía investiga el presunto cometimiento del delito de almacenamiento, comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos.
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Las medidas cautelares en el caso Triple A
Este lunes, se reinstaló la audiencia de formulación de cargos en el caso Triple A contra cinco personas naturales y cinco jurídicas.
Se les investiga por almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburos.
Las personas naturales son: Fernando V., José C., Lady C., Jessenia V. y Carolina T..
Las personas jurídicas: Fuelcorp S. A., Copedesa S. A., Corpalubri S. A., Ternape Petroleum S. A. y Indudiesel S. A.
El Juez Especializado en Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado que conoció la causa dispuso medidas cautelares.
Para las personas naturales, resolvió la prohibición de salida del país y presentaciones periódicas dos días a la semana (lunes y viernes).
Con relación a las personas, el juez ordenó prohibición de enajenar bienes y acciones.
El Fiscal del caso informó que, luego de la investigación, se hallaron suficientes elementos de convicción para formular cargos contra los hoy procesados.
Sin embargo, también informó que no se puede dar inicio al proceso penal de otros presuntos involucrados porque están de candidatos a una dignidad de elección popular en las elecciones 2025.
El caso Triple A empezó con una denuncia presentada el 12 de julio del año en curso, por parte de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables.
La Agencia detectó una irregular distribución y comercialización de combustibles, que provocaría un perjuicio al Estado ecuatoriano.
“De la denuncia se extrae que existirían diferencias considerables entre el volumen de combustible despachado y el facturado por varias estaciones y empresas”, señaló la Fiscalía.
Se estableció la existencia de la relación de las empresas procesadas con otras distribuidoras de combustible, entre las que se comercializaron grandes cantidades de combustible, sobre todo diésel.
“En dichas transacciones, se hallaron presuntas irregularidades“, agregó.
Las investigaciones
La Fiscalía presume que el diésel subsidiado habría sido desviado a otros segmentos, pues varias de las estaciones que adquirieron el combustible se encuentran en zonas fronterizas y mineras.
En uno de los casos señalados, una estación de venta de combustible adquirió más de 7 millones de galones, cuando la misma tiene una capacidad de almacenamiento para cerca de 10 000 galones.
La Fiscalía expuso informes del Servicio de Rentas Internas (SRI) y de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) para sustentar sus argumentos.
El delito que se investiga es sancionado con una pena privativa de libertad de hasta cinco años, según el Código Orgánico Integral Penal (Coip).
