Judicatura afina la evaluación a los jueces
En 2015, los jueces de Galápagos conocieron cómo sería el proceso de evaluación. Foto: Cortesía / Consejo de la Judicatura
La evaluación para este año tendrá un nuevo ingrediente. A los jueces ya no se les evaluará solo por el número de juicios despachados y por la calidad de estos pronunciamientos.
Además se calificará cuántos procesos represados ha logrado evacuar desde sus despachos. El Consejo de la Judicatura reconoció este dato.
Estas evaluaciones han evolucionado conforme han avanzado. Hasta el momento, los judiciales han sido sometidos a dos de estos procesos desde el 2013. Primero se tomó en cuenta solo lo cuantitativo.
Pero en el proceso que se extendió entre octubre del 2014 y octubre del 2015 se sumó lo cualitativo. Aquí se midió, por ejemplo, cómo se tomó una decisión para emitir un fallo.
Fueron 1 054 jueces del país quienes entraron en ese proceso.
Todo fue calificado sobre 100 y solo 18 jueces que operan a escala nacional reprobaron la medición. ¿Qué sucedió? ¿Aún hay falencias que persisten en el sistema judicial?
Uno de los problemas que la Judicatura identificó fue en los juicios civiles, que podían tomar hasta cuatro o seis años.
Por eso, en mayo del 2016 entrará a regir el Código Orgánico de Procesos, que en ese mes del 2015 se convirtió en Ley y se lo calificó como una deuda pendiente desde 1998.
Por eso se aprobó la oralidad de las causas, para que los jueces puedan dar sus pronunciamientos inmediatos.
Con ello, los fallos judiciales pueden darse no en años, sino en meses o en semanas.
Este Diario habló con el vocal de la Judicatura, Néstor Arbito. Él dice que con la oralidad no significa que se pierde la profundidad de los fallos.
Más bien se podrá monitorear cómo se realiza la actuación de los judiciales.
Hace seis días, en Quito se realizó el taller La oralidad en materias Contencioso Administrativa y Tributaria. Allí incluso llegaron formadores de Costa Rica, como Pablo Castañeda y Gustavo Benalcázar, quienes analizaron los cambios que introduce el Código de Procesos.
Sin embargo, hay quienes no coinciden con los trabajos realizados. José Alomía es uno de ellos. Él es el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha y dice que ese gremio ha analizado los resultados de las evaluaciones y sus conclusiones son distintas.
Asegura que la evaluación está regida a una interpretación interna de la institución judicial y que excluye la opinión de los profesionales del derecho y de los usuarios.
De hecho, en una encuesta que realizó hace un año su organización, se señala que el 80% de los abogados de Pichincha opina que la labor de los jueces “ha mejorado poco o nada”. El viernes pasado, el titular de esa organización afirmó que esa percepción no ha cambiado. La razón: una falta de conocimiento de derecho en materia constitucional, procesal y de derechos humanos.
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Dentro de la evaluación de los jueces, la Judicatura tiene un sistema permanente que al momento está avanzado en un 98%. Pero al 2009, por ejemplo, más del 50% de los jueces no había pasado por una medición de la productividad.
En el 2012 se creó la denominada Escuela Judicial y con ello solo el año pasado fueron capacitados 4 180 profesionales entre jueces y abogados.
En el país también se ha investigado a los jueces. Hasta noviembre del año anterior fueron destituidos 110 de ellos a escala nacional. El presidente de la Judicatura Gustavo Jalkh justificó la salida de los funcionarios por faltas como negligencias, el denominado ‘error inexcusable’, manipulación del sistema informático o retención de bienes y valores.
En una entrevista que tuvo con este Diario en noviembre, el funcionario dijo que en total hay 14 razones para la separación del judicial de su puesto.
Pero aclaró que de todas las quejas que se presentan, en un 90% se quedan con la ratificación de inocencia del funcionario judicial.
Hace siete días, el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía, la Defensoría Pública y los ministerios Coordinador de Seguridad, de Justicia y del Interior, evaluaron los avances del sistema judicial en el 2015.
Allí se conoció un dato: a la fecha, Ecuador cuenta con 12 jueces por 100 000 habitantes y supera el promedio latinoamericano que es de 11.
Sobre la equidad de género en la Función Judicial, ahora existen 701 juezas; antes apenas había 220. Otro dato: antes de las reformas el 40% de jueces era a contrato o temporal.
Hoy, según los datos oficiales, el 100% proviene de un banco de elegibles. De ellos, el 99% tiene nombramiento y 1% cubre las vacantes por ausencia temporal o enfermedad.
La Judicatura señala que de 100 causas ingresadas, se resuelven 124. Es decir, que se despachan procesos de años anteriores.
Este año la Judicatura reevaluará a los 18 jueces que no aprobaron las pruebas y si no serán desvinculados.
En contexto
Mañana, en Santa Elena, a las 09:00, serán posesionados unos 10 jueces. Ellos también pasaron por el proceso de capacitación en la escuela de la Función Judicial. En Cañar, en la tarde de hoy será posesionado el Director del Consejo de la Judicatura local.
