La insalubridad es una causa usual para el cierre de burdeles
Este cabaré, en el sur de Quito, fue clausurado en el 2014. Foto: Archivo/ EL COMERCIO
Las casas de tolerancia son consideradas puntos de referencia para realizar campañas sobre salud sexual.
Tras una puerta metálica negra y plata, apenas se puede escuchar un tema de reggaetón. Sobre la acera, en una de las principales avenidas del sur de Quito, dos hombres dan vueltas y observan. Cuando alguien pregunta si hay atención, uno de ellos golpea la puerta y otro hombre la abre con discreción.
Este es uno de los 38 locales clausurados definitivamente en Quito, de los 78 registrados para el trabajo sexual, según el Ministerio del Interior. En muchos casos, la clausura se da por condiciones de insalubridad o por venta de licor adulterado.
En el país hay 1 102 establecimientos con permiso anual de funcionamiento para esta actividad. Pero según datos oficiales, hay más negocios que operan de forma ilegal. En las inspecciones se han encontrado colchones sin protección, lavacaras con agua en lugar de baños y condones sin un registro sanitario, por ejemplo.
Al entrar al local, la música se escucha más fuerte. El ambiente es oscuro, apenas iluminado por luces rojizas. En las paredes hay fotos de mujeres semidesnudas, en poses sugerentes.
En la sala están 12 trabajadoras sexuales, esperando por un cliente. Apenas cuatro hombres ocupan tres de las pocas mesas que quedan en el sitio, clausurado en agosto del 2014. Todo luce descuidado, el piso es de cemento y los muebles están deteriorados.
Sin embargo, el dueño del negocio, en el que nadie controla los carnés que las mujeres deben actualizar cada mes para poder trabajar, afirma que hace dos años invirtió miles de dólares para mantenerlo en orden.
‘Jamilé’, de 26 años, espera en un sillón oscuro y sucio. A veces ofrece sus servicios en burdeles clausurados como este. En otras ocasiones viaja fuera de la provincia. Y cuando necesita dinero para sus hijos, quienes viven en Guayaquil, enfrenta el miedo de salir sola y busca clientes en la calle.
En el local, la tarifa es de USD 12 por servicio. Afuera, depende del acuerdo con el cliente. Los negocios abiertos están saturados y el trabajo no se hace en un ambiente adecuado, según Torres. En ellos pueden laborar 25 mujeres, pero no es suficiente frente a la demanda.
Aunque Torres acepta que ciertos locales eran insalubres, se usaban como puntos de referencia para la educación sexual y prevención de enfermedades de transmisión sexual. Explica que está en marcha el proyecto Ronda 9, del Fondo Mundial, sobre prevención en VIH para población vulnerable, incluyéndolas. Si ellas no están en un sitio fijo, la tarea se dificulta.
A diario, Torres visita sitios abiertos y clausurados para hablar sobre el uso del condón en todo tipo de relación sexual y la importancia de ir al médico.
Las clausuras se hacen para disminuir los riesgos de salud y seguridad de clientes y trabajadoras, según Javier Ladino, director de Control y Orden Público del Ministerio del Interior.
Agrega que el trabajo sexual, se trata desde una perspectiva multisectorial. Los municipios regulan el uso de suelo y el Ministerio de Salud pone las reglas sobre condiciones sanitarias. También interviene el Ministerio de Turismo.
Este Diario solicitó el 18 de mayo pasado al Ministerio de Salud información sobre los proyectos y controles para trabajadoras sexuales, pero aún no recibe una respuesta.
Sin embargo, se constató que en los Centros de Salud hay un espacio donde las trabajadoras sexuales se hacen chequeos y renuevan sus carnés. ‘Lorena’ trabajaba en una casa de tolerancia en el norte de Quito, con otras 60 mujeres.
Ella acude puntualmente a sus controles y, pese al prejuicio sobre las trabajadoras sexuales, dice estar sana. Para ella es primordial el tema de la asepsia en estos negocios.
Antes, en días bajos ganaba USD 100 y en un día alto hasta 380. Con ese dinero financiaba sus estudios universitarios y los de su hija de 13 años. Ahora, recibe unos USD 60 por día.
Pese a que gana menos dinero que antes, dice que su situación económica y laboral es mejor que la de ‘Jamilé’, quien en los días ‘buenos’ conseguía USD 100. En los cuartos donde ella ofrece sus servicios clandestinamente no hay un baño o al menos un lavabo.
Pero ‘Lorena’ trabajaba en un lugar con ducha en los cuartos, que cuenta con personal de limpieza permanente y con un chef a su servicio. Ella no podía entrar sin mostrar antes su carné de salud vigente. Ahora trabaja ocasionalmente en otros burdeles, pero ella y su amiga ‘Pamela’, quien tiene dos hijos, se sienten inseguras en esos sitios. Evitan trabajar en modalidad prepago o en la calle.
Deben hacerse dos papanicolaous al año y un examen de VIH cada tres meses. Eso es una garantía para ella. ‘Lorena’ dice que tiene compañeras de universidad con papiloma virus, pero ella afirma estar sana.
Según ‘Roberto’, socio de un local en el sur de Quito desde hace 18 años, antes los controles de salud se hacían cada 15 días. Ahora son mensuales, pero él no sabe qué ha sido de quienes trabajaban en su negocio, clausurado hace nueve meses.
