Inhibidores de celulares para entidades bancarias dejaron de ser efectivos
En Quito la Policía reforzó la seguridad en zona bancaria.
Luego de que en noviembre pasado, la Agencia de Regulación y Control de las Comunicaciones (Arcotel) prohibiera el uso de inhibidores de celulares en las entidades bancarias, las agencias retiran los 1 164 aparatos instalados a escala nacional. El plazo para terminar ese trabajo vence el 12 de marzo de 2019.
Pero los equipos ya estaban apagados desde diciembre de 2018. En su resolución, Arcotel dice que la medida se adoptó con base en un informe de la Superintendencia de Bancos.
Marco Rodríguez, asesor legal de Asociación de Bancos Privados (Asobanca), explicó a este Diario que antes del informe de Arcotel hubo un pronunciamiento de la Superintendencia y de la propia Asobanca sobre la utilidad del inhibidor.
En su pronunciamiento, la Superintendencia detalló que el “sistema de seguridad no aporta en gran medida a solucionar problemas de delincuencia común, porque (…) los mecanismos de comunicación y los malhechores evolucionan para sobrepasar el impedimento comunicacional”.
En el mismo documento, esa entidad también sostuvo que “la radiación del equipo inhibidor de señal no se puede enfocar a áreas específicas del banco (...) no se ha podido impedir la inhibición de la comunicación celular en áreas vecinas o contiguas a las cajas”.
Rodríguez indicó que con investigaciones policiales se demostró que los robos que se perpetran en las afuera de las entidades financieras no requieren necesariamente una comunicación telefónica desde el interior de las agencias.
El uso de los inhibidores de señal se autorizó en enero del 2011, por la entonces Secretaría Nacional de Telecomunicaciones. En ese entonces se indicó que la intención era disminuir y evitar los robos a la salida de las entidades.
Este Diario buscó a la Arcotel para consultar sobre la resolución. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
Ahora, en los bancos rige un cronograma para el retiro de los inhibidores. El representante de una entidad privada contó que en su institución hay 104 equipos a escala nacional y que el 80% ha sido desinstalado hasta el momento.
Además, dijo que los inhibidores de señal representaban una medida adicional de seguridad para los bancos.
Por eso, el representante aseguró que no se verán afectados. “Tenemos sistemas y equipos de seguridad electrónica en todos los puntos de atención a nivel nacional. También trabajamos con guardias de seguridad capacitados para reconocer el comportamiento de los sospechosos dentro de las instalaciones”.
Entre esos sistemas de seguridad, precisamente, está la prohibición de usar el celular mientras realicen transacciones. También consta la colocación de cámaras de seguridad y la prohibición de uso de gorras y gafas en las agencias.
Este representante bancario indicó que en su entidad los trabajadores también tienen prohibido el uso de celulares durante la jornada laboral.
La Policía también habló de la nueva medida. Ramiro Ortega, el general que está al mando de cuatro provincias, aseguró que la decisión de la Arcotel no afecta al trabajo de los agentes y que seguirán con las operaciones antidelictivas.
Por eso, en Quito se reforzaron las seguridades en la zona norte, en donde están concentradas 44 entidades financieras. Esto ocurrió luego de que en diciembre se perpetrara un violento asalto y en enero fuera asesinada una persona a las afueras de un banco.
En el 2018, la Policía reportó 354 casos de sacapintas a escala nacional. En el 2017, en cambio, se registraron 382 asaltos. Para evitar este tipo de asaltos, la Asobanca promueve las transferencias electrónicas.
Pero también hay la posibilidad de acceder a cheques certificados, cheque de emergencia, transporte blindado y custodia de policías. Para Rodríguez, los robos de sacapintas se cometen por el retiro de altas sumas de dinero. Dijo que cuando la ciudadanía deje de manejar efectivo, este tipo de atracos disminuirá considerablemente.
Algo similar comentó Ortega. El jefe policial apuntó más al uso de servicios alternativos para el traslado de valores, ya sea con la Policía o con entidades privadas de seguridad.
